Un exinvestigador de integridad y seguridad de Meta afirmó en una declaración jurada ante la Justicia de Estados Unidos que la empresa ordenó, "en más de una ocasión", eliminar evidencias sobre acoso y explotación sexual de menores en sus plataformas. La revelación es de Jason Sattizahn, que trabajó en la unidad de realidad virtual de la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, y fue publicada por el diario brasileño Folha de S.Paulo este miércoles (26), el mismo día en que la compañía cerró un acuerdo de hasta US$ 17.100 millones con 47 estados, el Distrito de Columbia y territorios del país.
Según la declaración, hecha pública el día 18, hubo una orden directa de eliminar "rastros documentales" que pusieran en riesgo las marcas de la empresa. En términos simples, la acusación es que Meta trató los registros internos como recibos comprometedores: papel para quemar antes de que el auditor toque la puerta. Sattizahn ya había testificado ante el Senado estadounidense en 2025, cuando relató haber visto casos de abuso infantil en entornos de realidad virtual y dijo que la empresa bloqueó investigaciones sobre el tema.
La cronología ayuda a entender el incentivo en juego. De acuerdo con el exempleado, Meta empezó a tratar las investigaciones sobre daños a jóvenes "como riesgos para la marca" después de que la denunciante Frances Haugen filtrara informes internos a finales de 2021, incluidos estudios sobre efectos nocivos de las redes en la salud mental de los adolescentes. El modelo de negocio de la compañía es vender atención: cuanto más tiempo de pantalla, más anuncios. Los documentos que muestren que el producto vuelve adictos a los niños o los expone a depredadores son una amenaza directa a ese motor, porque se convierten en munición para jurados y reguladores.
La versión de Meta y el acuerdo millonario
La empresa rechaza las acusaciones. "Las investigaciones no han mostrado un vínculo claro entre el uso de redes sociales por adolescentes y la falta de bienestar", afirmó a Folha el abogado de la compañía, Paul Schmidt. El acuerdo anunciado este miércoles pone fin, en la práctica, al juicio que se desarrollaba en el Tribunal de Distrito estadounidense en Oakland, California, donde California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey pedían unos US$ 200.000 millones. La demanda reunía a 29 estados y acusaba a Meta de diseñar Facebook e Instagram para volver adictos a los jóvenes, engañar al público sobre la seguridad de las plataformas y recopilar datos de menores de 13 años de forma irregular. En la primera semana del juicio, el jurado ya había escuchado a otros dos exempleados, el ingeniero Arturo Béjar y la investigadora Elena Davis, según The National News Desk.
Lo que aún no sabemos
Por ahora, lo que existe es la palabra de Sattizahn bajo juramento. No se sabe qué documentos fueron borrados, quién dentro de la jerarquía dio la orden, ni si los registros pueden recuperarse. Meta no admitió irregularidades en el acuerdo, y este tipo de pactos suele venir con cláusulas de confidencialidad que pueden mantener parte de las respuestas lejos del público. Tampoco está claro si otros testigos confirman su versión.
Lo que conviene seguir de cerca: los términos finales del acuerdo, que deben detallar cambios de producto como límites de tiempo de uso y un "modo escuela" en Instagram; la eventual publicación de la declaración completa; y los efectos en Brasil, donde el gobierno ya va detrás de TikTok y Discord por fallas en la protección de niños. Si la acusación de destrucción de pruebas se confirma, el caso cambia de naturaleza y pasa a involucrar también una posible obstrucción a la justicia.