El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el ministro Edson Fachin, analiza un pedido del ministro Flávio Dino para incorporar al proceso que examina la conducta del ministro André Mendonça una reunión del colega con el banquero Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master, y la causa de los cementerios de São Paulo. El juicio sobre Mendonça está previsto para el 23 de septiembre. Según el diario O Globo, Dino envió el material a Fachin el martes (15), poco antes de que el plenario abriera la sesión sobre el caso del ministro Alexandre de Moraes, epicentro de una crisis del tribunal desatada por un informe de la Policía Federal sobre mensajes entre Vorcaro y un contacto atribuido a Moraes.
El proceso contra Mendonça nació de acusaciones de abuso de autoridad formuladas por Moraes, que envió a la presidencia del tribunal un informe de inteligencia de la Policía Federal con apuntes sobre la relatoría de las pesquisas del Master y del INSS. En la decisión ahora remitida a Fachin, Dino señaló un "cuadro indiciario suficientemente relevante" y defendió que la existencia, o inexistencia, de las conexiones entre Mendonça y Vorcaro se aclare "mediante investigación por parte de las autoridades competentes". El despacho se firmó en la ADPF 1.196, una acción presentada por el PCdoB sobre los servicios funerarios, cementeriales y de cremación de la ciudad de São Paulo, de la que Dino es relator.
Un encuentro en la víspera de la suspensión
La decisión reconstruye una cronología. A fines de 2024, Dino concedió una medida cautelar que restableció topes a los precios cobrados por las concesionarias. El caso llegó al plenario virtual el 14 de marzo de 2025. Ese mismo día, Mendonça recibió a Vorcaro en la sede del Instituto Iter, entidad fundada por el ministro, en São Paulo. Al día siguiente, pidió vista del proceso. Cuando el juicio se retomó, en abril, abrió divergencia y votó contra el tope de precios. Para Dino, el voto llegó "de acuerdo con la pretensión de los cementerios privados". El relator escribió además que había, en ese momento, "elevados intereses de fondos gestionados por el Banco Master exactamente en temas relativos a la privatización de cementerios".
Según O Globo, la investigación del Ministerio Público de São Paulo analiza posibles ilegalidades en la concesión de los servicios cementeriales, y una pesquisa señala que Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, integraba el consejo de Cortel, empresa que gestiona los servicios funerarios de la capital, y usaba correo del banco en documentos societarios. Mendonça confirmó el encuentro en una entrevista publicada el 2 de septiembre, citada en la decisión, y dijo que recibió a Vorcaro a pedido de integrantes de la iglesia Bautista Lagoinha, con intermediación del diputado Cezinha Madureira. Consultado, no se pronunció sobre el pedido de Dino, pero destacó, en nota, que "su actuación, pública y privada, se rige por la legalidad y la imparcialidad".
Dino citó también al hermano del ministro, Alexandre de Almeida Mendonça, que trabajó en la dirección de SP Regula, agencia municipal que regula los servicios funerarios, de julio de 2024 a mayo de 2026, y habría sido promovido a secretario ejecutivo. En nota, la agencia negó la promoción, habló de un cambio entre cargos "del mismo nivel jerárquico" y afirmó que él "siempre ejerció funciones de gestión administrativa, sin responsabilidad directa por la gestión de los contratos de concesión". El despacho menciona además contratos sin licitación del Iter: 380 mil reales con la prefectura de São Paulo, en septiembre de 2025, y cerca de 1,6 millones de reales con la Fundação para o Desenvolvimento da Educação, vinculada al gobierno estatal. El instituto dice que no hay relación con la concesión cementerial y que el contrato con la fundación no se ejecutó. Mendonça dejó la sociedad del Iter a comienzos de septiembre, sin "ninguna contraprestación financiera", según su gabinete. Dino hizo salvedades expresas: escribió que los hechos no significan interferencia externa en la actuación jurisdiccional del colega. "Destaco que no corresponde, en este momento y en esta sede, anticipar un juicio de responsabilidad penal o por improbidad administrativa", registró.
En riesgo la sesión del 23 de septiembre
Mientras Fachin analiza el pedido, crece la posibilidad de aplazamiento. Folha de S.Paulo averiguó que el presidente del STF tiende a posponer el análisis, con decisión en los próximos días, y que su entorno evalúa que el pedido de vista de Dino, que suspendió la sesión del martes sobre Moraes, inviabilizó técnicamente llevar el caso de Mendonça al plenario la próxima semana. Al romperse la sesión, la votación iba 4 a 3 por separar los dos casos; Dino, que había votado por unirlos, fue quien pidió vista. Tiene hasta 90 días, plazo que vence el 15 de diciembre; con el receso del 20 de diciembre al 1 de febrero, BBC News Brasil señala que el juicio podría retomarse recién en 2027. Según g1, ministros alineados con Mendonça defienden el aplazamiento, y interlocutores no descartan usar el impasse para reprogramar el análisis. Por ahora, la sesión sigue en la agenda. Si se realiza y el debate avanza, según O Globo, Mendonça podría convertirse formalmente en blanco de sospechas mientras el caso de Moraes permanece suspendido. El próximo paso es de Fachin: mantener o aplazar la sesión del 23 de septiembre.