El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), decidió este viernes que el decreto que aumenta el Bolsa Família un 15,04% no infringe las reglas electorales. Según el relator, el alza solo actualiza el valor del beneficio por la inflación. El piso del programa sube de 600 a 691 reales.
La decisión respondió a una solicitud presentada el mismo viernes por la Abogacía General de la Unión (AGU), que pidió al tribunal reconocer la constitucionalidad del decreto. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el aumento, el primero en cuatro años, el jueves 17, a menos de tres semanas de la primera vuelta. El valor medio pasa de 675 a 777 reales, según la BBC Brasil. Los pagos comienzan el 19 de octubre, entre la primera vuelta y un posible balotaje del 25 de octubre.
Mendes basó la decisión en el criterio del gobierno: la variación acumulada del INPC, índice de precios brasileño, entre marzo de 2023 y agosto de 2026, medida en 15,04%. Para el ministro, la cifra "representa un mero mecanismo de recomposición de la inflación acumulada, y no un aumento real".
"La medida no implica la creación de un nuevo beneficio, el cambio de los criterios de elegibilidad ni la ampliación del universo de beneficiarios. Se trata solo de la actualización de los valores de las prestaciones de un programa social ya existente, mediante un criterio objetivo de corrección monetaria", escribió el ministro.
El caso de la renta básica
La solicitud de la AGU se presentó en un proceso en el que el STF ordenó, a partir de 2022, el pago de la renta básica de ciudadanía a brasileños en situación de extrema pobreza y pobreza. Relator del caso, Mendes reconoció en junio de 2024 que el Bolsa Família es una etapa de la implementación progresiva de ese derecho, con actualización periódica de los valores. Un día antes de la publicación del decreto, la Defensoría Pública había acudido al tribunal para exigir al Poder Ejecutivo la actualización pendiente. La Ley 14.601 de 2023 permite corregir los valores en intervalos de no más de 24 meses.
La AGU defendió el decreto en los mismos términos. "El decreto no crea un beneficio nuevo, no añade una categoría de beneficiarios, no altera el criterio legal de elegibilidad y no inaugura un programa social", afirmó en su petición.
Presión electoral
La fecha del anuncio generó críticas al gobierno. El candidato presidencial Renan Santos, del partido Missão, pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) la suspensión del aumento con el argumento de que busca fines electorales. En ese tribunal, el ministro Mendonça rechazó una petición de suspensión y archivó otra acción sin juzgar la legalidad de la medida.
Para el politólogo Rafael Cortez, de la consultora Tendências, consultado por la BBC Brasil, el reajuste es otra medida económica pensada para el impacto electoral, aunque en este caso permitida por la ley que rige el programa. Recordó que en 2022 el entonces presidente Jair Bolsonaro impulsó una enmienda constitucional para ampliar beneficios en año electoral, la llamada PEC Kamikaze, declarada inconstitucional por el STF en 2024.
Según el Ministerio de Planejamiento, el reajuste costará 5.800 millones de reales en 2026 y casi 23.000 millones en 2027. Los nuevos valores se pagan desde el 19 de octubre, seis días antes de un posible balotaje. En el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), aún espera resolución el pedido de suspensión presentado por el Ministerio Público ante ese tribunal.