El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, presentó este sábado (5) una propuesta para prohibir que policías y militares actúen como funcionarios cedidos en los despachos de los ministros del tribunal. El texto llegó al presidente de la corte, Edson Fachin, en medio de la crisis entre el Supremo y la Policía Federal.
Qué abarca la propuesta
Según el G1, la prohibición alcanzaría a los militares de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, las policías civiles de los estados, las policías militares y los cuerpos de bomberos militares de los estados, y las policías penitenciarias federal, estatales y del Distrito Federal. El medio jurídico JOTA informa que la única excepción serían las funciones de seguridad y que el cambio exige reformar el reglamento interno del tribunal.
Actualmente, dos delegados de la Policía Federal asesoran al ministro André Mendonça, relator de casos sensibles como las pesquisas del Banco Master, el fraude en el INSS y el caso Lulinha. Otros dos trabajan en el despacho de Alexandre de Moraes.
El contexto de la crisis
La posible salida de los delegados fue uno de los motivos del enfrentamiento entre Mendonça y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Según interlocutores consultados por el G1, Mendonça veía en la tentativa de retirarlos de su despacho una forma de interferir en las investigaciones en curso.
A interlocutores, Gilmar Mendes dijo que los despachos "estarían transformándose en comisarías de policía", con decisiones de investigación pasando a ser tomadas por el tribunal y no por la Policía Federal. Una de las críticas a la permanencia de delegados en el Supremo es que podrían interferir en el ritmo de los procesos, cuya supervisión corresponde al ministro relator.
Gilmar ya había llevado antes a Fachin una versión restringida a los delegados de la Policía Federal. Se reunió el martes (1º) con el presidente Lula para hablar de la crisis del caso Master y, según el blog de Valdo Cruz, del G1, le dijo que el gobierno tardó en actuar para evitar el agravamiento del conflicto entre Mendonça y Rodrigues.
Como depende de un cambio en el reglamento interno, la propuesta necesita la aprobación del plenario del STF para entrar en vigor. Según el G1, la medida puede ampliar los enfrentamientos internos en una corte ya tensionada por la crisis en torno a actos de los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça.