El gobierno federal de Brasil creó un "pasaporte socioambiental" con el objetivo de evitar que las exportaciones del agronegocio queden bloqueadas por la Unión Europea, a las puertas de nuevas normas del bloque contra productos ligados a la deforestación ilegal. El instrumento, llamado oficialmente Rasoe (Informe de Análisis Socioambiental para Operaciones de Exportación), fue aprobado por la Camex, el consejo de comercio exterior del gobierno, mediante la Resolución CEC n.º 17, del 8 de septiembre, y publicado la semana pasada.
La presión viene del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, conocido por su sigla en inglés EUDR. Según Folha de S.Paulo, la norma empieza a regir el 30 de diciembre de este año para empresas grandes y medianas y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas. Los importadores europeos tendrán que demostrar, con trazabilidad y coordenadas geográficas, que cada producto respetó la legislación del país de origen y no provino de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La obligación formal recae sobre las empresas europeas, pero productores y exportadores brasileños deberán entregar la información para evitar cargas rechazadas en los puertos. Soja, carne bovina, café, cacao, madera, caucho, aceite de palma y cientos de derivados quedan dentro del alcance de la regla.
Qué contiene el documento
El informe será emitido por la plataforma Agro Brasil + Sustentable, administrada por el Ministerio de Agricultura, que cruza automáticamente bases de datos federales, entre ellas las del instituto de reforma agraria Incra, la agencia tributaria Receita Federal, la agencia ambiental Ibama, la agencia indigenista Funai, el instituto espacial Inpe y el Ministerio de Trabajo. Identifica la propiedad, el área total del inmueble, el espacio usado en la producción y la localización geográfica, e incluye un archivo con el polígono del área productiva y un código para verificar la autenticidad. Al final, el gobierno informa si encontró violaciones federales que puedan impedir la venta y si el área fue alcanzada por embargos o deforestación después de diciembre de 2020. Según el medio O Presente Rural, el documento fue elaborado por la cancillería y el Ministerio de Agricultura, con la participación de otros 12 ministerios.
En la práctica, el productor deja de perseguir certificados en varios organismos. El Rasoe, sin embargo, no es una certificación completa de la regularidad de la propiedad: informa lo que aparece en las bases federales consultadas y señala la conformidad con las leyes brasileñas, sin transferir al Estado la responsabilidad por el producto. Durante la preparación del documento, según la Folha, el propio Ministerio de Medio Ambiente pidió cambiar el verbo "certificar" en el texto.
Qué está en juego
La Unión Europea compra cerca de la mitad del café exportado por Brasil, el 15% de la soja y el 20% de la madera, según datos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura citados por la Folha. Las ventas brasileñas al bloque sumaron 49.000 millones de dólares (unos 250.000 millones de reales) en 2025, y la nueva regulación puede alcanzar el 36% de todo lo que Brasil exporta a la región.
Desde 2023, representantes brasileños negocian con la Comisión Europea para reducir costos, aclarar criterios y presentar los sistemas nacionales de monitoreo ambiental. La estrategia del gobierno es adaptar a los exportadores sin aceptar la exigencia europea como legítima.
"El reconocimiento del Rasoe constituye un instrumento de transparencia y facilitación de comercio, y no un reconocimiento de la legalidad o legitimidad del EUDR como medida unilateral", afirma una nota técnica del Ministerio de Hacienda.
Para el productor, el pasaporte reemplaza la búsqueda de papeles en distintos organismos por un único informe oficial, aunque la responsabilidad final por la carga sigue con el exportador y el importador. Para el consumidor europeo, el efecto práctico es más información verificable sobre el origen de la soja, la carne y el café que llegan a las góndolas del bloque.