El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva estudia usar dinero público para comprar deudas antiguas de consumidores que hoy están en las carteras de los bancos y tienen pocas posibilidades de recuperación. El plan prevé un descuento (en portugués, deságio) de hasta el 95% sobre el valor de los débitos y la posibilidad de que, tras la compra, el Gobierno renuncie al cobro y dé las deudas por saldadas. Los detalles fueron publicados por Folha de S.Paulo el viernes, a partir de una entrevista del ministro de Hacienda, Dario Durigan, al diario Extra.

Según Folha, el objetivo es reducir el endeudamiento de las familias y sanear el balance de los bancos, que se han vuelto más restrictivos a la hora de conceder crédito por el aumento de la morosidad. La idea, según el periódico, es que el Tesouro Nacional (Tesoro brasileño) aporte los recursos de la operación. El modelo en discusión prevé una subasta en la que los acreedores venderían las carteras con un descuento alto.

"Estamos avanzando hacia un modelo en el que hagamos la subasta y hagamos viable la compra de esa deuda con un descuento alto, para que no tengamos un gran impacto en las cuentas públicas del país", declaró Durigan.

El ministro dijo que el programa debe ser "una política para limpiar el nombre, sobre todo de las deudas más antiguas, que los propios bancos, las propias empresas ya perdieron la esperanza de cobrar". La propuesta lleva al presidente "un nuevo programa con el que consigamos, con un descuento grande, recomprar la deuda de las personas sin que tengan que hacer nuevas renegociaciones", afirmó.

Efecto en las cuentas públicas

El principal obstáculo es fiscal. Según Folha, una eventual liquidación de los débitos tendría impacto en el resultado primario que el Gobierno debe alcanzar para cumplir la meta fiscal. El Banco Central, responsable de las estadísticas fiscales oficiales, mide el esfuerzo fiscal por la variación de los saldos de activos y pasivos. Como extinguir las deudas reduce el activo de la Unión, el resultado empeora.

La idea no es nueva. En mayo, el secretario de Reformas Económicas de Hacienda, Regis Dudena, ya había dicho a Folha que el Gobierno estudiaba acciones para familias con deudas más antiguas: "Todavía existe un público después, con deudas más viejas. Muchas de ellas fueron atacadas en el Desenrola 1.0. La orden del presidente Lula es mirar en qué medida tiene sentido atacar a esos otros públicos". Los programas Desenrola Brasil 1 y 2, ya finalizados, llevaron algún tipo de alivio a 19 millones de personas, según Durigan. El ministro citó el caso de motociclistas y conductores que buscan crédito en el programa federal Move Brasil y chocan con negativaciones antiguas.

Campaña y próximos pasos

La medida tiene dimensión electoral. Brasil celebra elecciones generales en octubre y, según una fuente escuchada por Folha, se estaba diseñando para convertirse en propuesta de campaña de Lula, con perspectiva de implementación rápida, posiblemente a partir de noviembre. Durigan confirmó la intención: "estamos presentando (la propuesta) para que el presidente la lleve a la campaña".

El modelo sigue en elaboración. Según el ministro, la propuesta debe llegar a manos de Lula en los próximos días. Quién compraría las deudas, cuál será el porcentaje de descuento y qué tipos de débito entrarán en el programa son preguntas aún sin respuesta. Podrían incluirse deudas bancarias y no bancarias, según Durigan. "Eso le corresponde al presidente", dijo.