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Gobierno investigará cuentas de bets con más de R$ 1 millón por lavado de dinero

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Un millón de reales. Ese es el monto a partir del cual las cuentas de apuestas en línea, las bets, serán investigadas por el gobierno federal por sospecha de lavado de dinero, según UOL Economia. Para quien tenía poco dinero en la cuenta, nada cambia: la devolución sigue su calendario a partir de este viernes 9.

La revisión ocurre en medio de la devolución de los saldos tras la prohibición de las bets, decretada por la medida provisoria MP 1.394/2026, firmada por el presidente Lula el 25 de septiembre. Según un boletín de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda citado por Poder360, unos R$ 1.325 millones aún deben volver a aproximadamente 26,5 millones de apostadores. Agência Brasil da cifras algo distintas: la cartera estima 23 millones de usuarios y hasta R$ 1.700 millones por devolver.

La devolución sigue un calendario. Las empresas informan los saldos a los bancos este miércoles 7 y jueves 8, y las instituciones financieras devuelven el dinero entre el 9 y el 14 de octubre, identificando a cada apostador por su CPF, el registro de contribuyentes brasileño. Si hay algún impedimento, la estatal Caixa Econômica Federal asume los pagos a partir del 14 de octubre.

Entienda: qué es el lavado de dinero

Lavar dinero es hacer que dinero de origen criminal parezca legal, como si se hubiera ganado de forma honesta. Las cuentas de apuestas con movimientos millonarios pueden servir para eso: la persona deposita el dinero ilícito, lo mueve en la plataforma y lo retira como si fuera un premio. Por eso el gobierno va a analizar las cuentas con valores elevados, en busca también de vínculos con organizaciones criminales, según Poder360.

La mayoría de las cuentas está lejos de ese nivel. Según el boletín de Hacienda, 86,2 millones de cuentas tienen saldo entre R$ 0,01 y R$ 0,99, y juntas suman R$ 15,5 millones, menos del 2% del total por devolver. Una misma persona puede tener cuentas en varias plataformas.

En el frente judicial, la Advocacia-Geral da União (AGU), la asesoría jurídica del gobierno, cambió de posición y pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) el viernes 2 que declare inconstitucionales las leyes 13.756, de 2018, y 14.790, de 2023, que legalizaron y regularon las apuestas. En su manifestación al caso a cargo del ministro Luiz Fux, el órgano citó el endeudamiento de las familias y un aumento del 140% en las atenciones del sistema público de salud (SUS) a personas con trastornos ligados a la ludopatía, según Agência Brasil. Las asociaciones del sector ANJL e IBJR piden al STF tumbar la medida que prohibió las bets.

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