La Justicia Federal de Brasil ordenó la suspensión inmediata de las licencias ambientales y la paralización de las actividades en el complejo minero Grota do Cirilo, operado por Sigma Lithium en los municipios de Itinga y Araçuaí, en el Valle del Jequitinhonha, estado de Minas Gerais. La medida cautelar responde a una demanda civil presentada por la Federación de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, según informó el portal G1 este martes (8).

La organización comunitaria sostiene que la empresa presentó información inexacta en los estudios de impacto ambiental y omitió las consultas previas obligatorias a las comunidades afrodescendientes de Baú, Genipapo Pintos y Jenipapo II. Aunque Sigma alegó ante el tribunal que estos asentamientos están fuera del radio de ocho kilómetros exigido para consultas, datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) indican que la comunidad de Baú se encuentra a unos 2,3 kilómetros del área de extracción directa. El juzgado estableció una multa de 100.000 reales en caso de incumplimiento y ordenó un peritaje técnico independiente para determinar las distancias con precisión.

La orden judicial profundiza los problemas regulatorios del mayor productor de litio de Brasil. En julio, la Secretaría de Medio Ambiente de Minas Gerais (Semad) ya había clausurado los tajos Norte y Sur de la explotación tras detectar daños en cursos hídricos, desmonte no autorizado y uso irregular de aguas subterráneas. Según el expediente judicial citado por G1, la minera acumula 2 millones de reales en sanciones estatales desde el inicio de sus operaciones en 2023. La sentencia federal también prohibió al gobierno estatal suscribir acuerdos de adecuación ambiental (TAC) con la empresa mientras continúe el proceso.

La paralización frena la actividad en el principal polo de la cadena de transición energética en el Valle del Jequitinhonha. Sigma produce concentrado de espodumena de alta pureza destinado a la exportación y al refinado de baterías para vehículos eléctricos. Para la compañía minera y sus inversores, la medida congela el flujo de ingresos y presiona los contratos de suministro internacional. Para los fabricantes automotrices y procesadores en el extremo comprador, la decisión evidencia la vulnerabilidad regulatoria de las materias primas críticas y los riesgos de abastecimiento global.