El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el jueves (1) un parecer que pone en juego la licencia remunerada de hasta seis meses para mujeres víctimas de violencia doméstica, con ingresos garantizados y vínculo laboral preservado. La medida, detallada por G1 y O Globo, adopta un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y lo vuelve obligatorio para la administración pública federal.
Quién paga depende del vínculo de la trabajadora. Para las mujeres con contrato formal, el empleador cubre los primeros 15 días y el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), el organismo de previsión social de Brasil, asume a partir del día 16. Las trabajadoras autónomas, las microempresarias individuales (MEI) y demás cotizantes sin vínculo formal cobran del INSS desde el primer día. Las trabajadoras informales que nunca cotizaron reciben un beneficio asistencial pagado por el estado, el Distrito Federal o el municipio indicado por el juez, a través de la red de asistencia social (SUAS).
La jugada decisiva: adiós a la pericia médica
La jugada que cambia el partido está en un detalle técnico. Antes del parecer, incluso con una orden judicial en mano, la víctima debía pasar por una revisión del INSS que podía incluir pericia médica y terminar en un rechazo, lo que obligaba a una nueva ronda en los tribunales, según constató O Globo. Ahora basta la medida protectora urgente emitida por un juzgado estatal, un juzgado de violencia doméstica o un juzgado penal para liberar el pago. En términos simples: el juez pita y el beneficio entra en cancha, sin etapa extra.
La solicitud puede hacerse por la aplicación o el portal Meu INSS, con atención prioritaria y confidencial. El beneficio no exige tiempo mínimo de cotización, el período de licencia cuenta para la jubilación y no hay descuentos previsionales sobre el monto recibido. El juez define la duración, que puede empezar en dos o tres meses y prorrogarse hasta el límite de seis.
La Lei Maria da Penha, la ley brasileña de 2006 contra la violencia doméstica, ya preveía mantener el vínculo laboral por hasta seis meses, pero no decía quién pagaba la cuenta, lo que frenaba el beneficio en la práctica. El STF reconoció el derecho al juzgar el llamado Tema 1.370, y el parecer firmado por Lula, elaborado por la Advocacía General de la Unión (AGU), convierte ese criterio en regla para órganos como el INSS.
El Ministerio de Previsión Social y el INSS tienen 15 días desde la firma para reglamentar los pagos en sus sistemas, y las reglas también alcanzarán las licencias ya en curso. El objetivo, señala O Globo, es evitar que la víctima tenga que elegir entre conservar sus ingresos y alejarse de un lugar conocido por su agresor.