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Lula sanciona la ley del MEI con perdón de deudas y techo de facturación de R$ 140 mil

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este miércoles (21) la ley complementaria que perdona las deudas federales de los microemprendedores individuales (MEI, el régimen tributario simplificado para los negocios unipersonales más pequeños de Brasil) contraídas hasta el 13 de octubre, eleva el techo anual de facturación de la categoría a R$ 140 mil en 2028 y autoriza la contratación de hasta dos empleados en determinadas actividades. El texto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de octubre y por el Senado al día siguiente, y pasó a sanción sin cambios.

Según las estimaciones presentadas durante la tramitación, el perdón alcanzaría a unos 3,6 millones de emprendedores, con deudas que suman aproximadamente R$ 12,6 mil millones, informó G1. El Ministerio de Emprendimiento (MEMP) habla de más de R$ 15,5 mil millones perdonados, con una deuda media de R$ 3,4 mil por emprendedor, y calcula que el conjunto de medidas puede llegar a 17,6 millones de MEI en todo el país. La amnistía cubre el valor principal, intereses, multas y cargos, incluidos los débitos aún no inscritos como deuda activa de la Unión. Para mantener el beneficio, el MEI deberá pagar al día sus guías mensuales durante los seis meses siguientes a la vigencia de la ley, que comienza el 1º de enero de 2027, y desistir de las acciones judiciales que discutan los débitos. Los valores ya pagados no serán devueltos.

El techo sube en dos etapas y la categoría podrá tener dos empleados

El límite de facturación está congelado desde 2018, en R$ 81 mil al año según el MEMP (G1 cita R$ 80 mil). Con la nueva ley, sube a R$ 110 mil el 1º de enero de 2027 y a R$ 140 mil el 1º de enero de 2028. Durante la tramitación, el relator del proyecto, el diputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), afirmó que el techo desactualizado llevaba a los emprendedores a rechazar negocios: "Este MEI a veces rechaza un contrato para no superar la franja del MEI." El texto prevé además mecanismos para que las empresas que salieron del régimen puedan volver a la condición de MEI.

En materia de contratación, las actividades de industria, comercio y servicios en el medio rural podrán mantener hasta dos empleados formales, frente a uno permitido hoy. Los salarios quedan limitados a un salario mínimo nacional o al piso de la categoría profesional. Para los demás segmentos sigue el límite actual de un funcionario. El paquete también exime a los llamados NanoMEIs de la obligación de emitir factura.

Al anunciar la sanción, el martes (20), en un evento en São Luís, en el estado de Maranhão, Lula dijo que el objetivo es limpiar el nombre de los emprendedores: "Decidimos amnistiar para limpiar el nombre de estas personas en el Serasa y que puedan comenzar una vida nueva", afirmó, en referencia al principal buró de crédito de Brasil. En paralelo, el gobierno incluyó las deudas privadas de los MEI en el programa de renegociación Desenrola 3.0: por la Medida Provisional 1.393/2026, el Ministerio de Hacienda realizará subastas a partir de noviembre para comprar cerca de R$ 6 mil millones en carteras de deuda, con un descuento mínimo del 90%, lo que beneficiaría a más de 1,6 millón de microemprendedores morosos, según el MEMP. Una propuesta separada, que prevé una transferencia no reembolsable de hasta R$ 5 mil por negocio, aún debe ser analizada por el Congreso y no forma parte de la ley sancionada.

Para el economista jefe de G5 Partners, Luis Otávio Leal, consultado por G1, los programas de renegociación alivian el problema de forma temporal cuando no vienen acompañados de crédito más barato y educación financiera, ya que muchos MEI mezclan las cuentas de la empresa con las de la familia. Del lado de quien produce y vende, la ley limpia el registro crediticio, reabre el acceso al financiamiento y da espacio para crecer sin migrar a un régimen tributario más costoso. Del otro lado, clientes y proveedores pasarán a negociar con negocios más formalizados, con empleados registrados y menor riesgo de cierre por deudas antiguas. El costo recae sobre el Tesoro, que renuncia a ingresos estimados entre R$ 12,6 mil millones y R$ 15,5 mil millones.

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