El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este martes (15), en ceremonia en el Palacio del Planalto, las dos leyes que viabilizan el Redata, el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter de Brasil. Según Tele.Síntese, el régimen fue creado por el proyecto de ley PL 278/2026 y recibió sustento fiscal del PLP 74/2026, ambos aprobados por el Congreso a principios de mes. En la práctica, el programa reduce impuestos federales para las empresas que instalen o amplíen centros de datos en el país.
La nueva ley suspende y luego reduce a cero las alíquotas del IPI, y de las contribuciones PIS/Pasep y Cofins en la compra e importación de equipos de tecnología de la información y comunicación, informa SBT News. El Impuesto de Importación también baja cuando no hay producción nacional equivalente. Los beneficios valen por cinco años. La estimación del gobierno es una renuncia fiscal de 5.200 millones de reales solo en 2026, según el portal g1. El valor ya está previsto en el presupuesto del año, pero la demora del Congreso había dejado la concesión del beneficio en un limbo presupuestario y jurídico, como informó Folha de S.Paulo. El Redata había sido creado primero por una medida provisoria en septiembre de 2025 y caducó en febrero sin votación.
El veto alcanza un anexo sobre enmiendas
Junto con la firma, Lula vetó una disposición ligada a los municipios y a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), la norma brasileña que fija reglas de cuentas para estados y municipios. El texto era un anexo ajeno al tema central del proyecto, llamado "jabuti" en Brasil, y no alteraba la estructura del Redata. Según SBT News, el gobierno evaluó que la flexibilización de las exigencias fiscales representaría un retroceso. Lula no dio discurso en el evento. La disposición había sido incluida por el relator, el diputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), en la Cámara. Abre una brecha en la LRF para el envío de enmiendas presupuestarias del Congreso a ciudades de menos de 65 mil habitantes, incluso a las endeudadas con la Unión o sin cuentas transparentes. Según la Confederación Nacional de Municipios, citada por g1, el cambio alcanza a más de 5 mil ciudades, cerca del 90% de los 5.569 municipios brasileños.
"Aquellos municipios que son los más pequeños del país, en todos los rincones, del Sur al Norte, del Norte al Nordeste, merecen un tratamiento especial, porque cada vez más quieren perfeccionarse y buscar capacidad técnica para cumplir este tipo de exigencia, que a veces los deja, por incumplimientos simples, sin condiciones de recibir algunos recursos" (Isnaldo Bulhões, en el plenario).
El texto con el anexo fue aprobado por amplia mayoría: 364 votos a favor, 46 en contra y tres abstenciones. La idea no es nueva. El Congreso ya había insertado una excepción semejante en la ley de directrices presupuestarias de 2026; Lula vetó el pasaje y los parlamentarios tumbaron el veto, recuerda g1. El diputado Gilson Marques (Novo-SC) criticó el cambio por eliminar la exigencia de responsabilidad fiscal.
Contrapartidas y próximos pasos
A cambio de los beneficios, las empresas deben cumplir exigencias. Deben destinar al mercado brasileño al menos el 10% de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos instalada con el incentivo, e invertir el 2% del valor de los productos adquiridos con el programa en investigación, desarrollo e innovación, con parte de los fondos para las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste. También deben garantizar energía de fuentes renovables o de baja emisión de carbono y cumplir un índice de eficiencia hídrica de hasta 0,05 litros de agua por kWh. Las empresas del régimen de microempresas Simples Nacional quedan fuera, y la habilitación quedará a cargo de la Receita Federal, según SBT News. "El Redata se ocupa de la base fundamental de esta economía digital. La infraestructura digital es la que necesitamos para que todo funcione", dijo Affonso Nina, presidente ejecutivo de la asociación tecnológica Brasscom. Según el Planalto, cerca del 60% de los datos de los brasileños está almacenado fuera del país.
El vicepresidente, Geraldo Alckmin, citado por Tele.Síntese, dijo que un emprendimiento de 100 megavatios puede exigir al menos 1.000 millones de reales en obra civil y entre 4.000 y 5.000 millones de reales en equipos. Un representante del Ministerio de Hacienda afirmó en la ceremonia: "Este proyecto posibilita que la oferta de estos servicios desde Brasil se vuelva competitiva". Lo que viene ahora: el programa depende de un decreto presidencial, en fase final de elaboración, y de una ordenanza interministerial con los criterios técnicos. Al Congreso le corresponderá deliberar sobre el veto del anexo.