El ministro André Mendonça, del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, rechazó el jueves (17) la acción que pedía bloquear el alza del 15,04% del Bolsa Familia. Extinguió el proceso sin analizar la legalidad de la medida, anunciada esa misma mañana por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a 17 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
La acción la presentó el diputado federal Zé Trovão (PL-SC), candidato a la reelección en Santa Catarina y aliado del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a la Presidencia. Designado relator del caso por sorteo, Mendonça aplicó la jurisprudencia del TSE según la cual un candidato a diputado federal no tiene legitimidad para demandar a un candidato a la Presidencia, porque los dos cargos se disputan en circunscripciones electorales distintas. Zé Trovão compite en su estado; Lula, en todo el país.
"Destaco que el reconocimiento de la falta de legitimidad no implica pronunciamiento sobre la legalidad o la constitucionalidad del alza del Programa Bolsa Familia, ni sobre su eventual encuadre en el artículo 73, párrafo 10, de la Ley 9.504/1997", escribió el ministro en la decisión.
Presentada horas antes del fallo, la acción pedía una medida cautelar para impedir que el Gobierno aplicara el nuevo valor hasta el juicio definitivo del caso o el fin de las elecciones. Zé Trovão sostenía que era "necesaria la intervención de la Justicia Electoral" para evitar que la estructura administrativa y los recursos públicos se usaran de modo a comprometer "la igualdad de oportunidades entre los candidatos". Según InfoMoney, el diputado alegaba que la ampliación podría configurar una conducta vedada a agentes públicos en período electoral.
El alza y la defensa del Gobierno
Con el reajuste, el piso del programa sube de 600 a 691 reales y el beneficio medio pasa de 675 a 777 reales. Los nuevos valores empiezan a pagarse en octubre, a partir del día 19, entre la primera vuelta y un eventual balotaje. Según el Ministerio de Planeamiento, el costo es de 5.800 millones de reales este año y de unos 22.000 millones en 2027.
El Gobierno sostiene que la corrección solo repone la inflación acumulada desde la reformulación del programa, en 2023. "La ley del Bolsa Familia nos da una autorización para hacer la reposición inflacionaria, para garantizar el poder de compra de los beneficiarios del Bolsa Familia, la población más vulnerable de este país", dijo el ministro de Planeamiento, Bruno Moretti, quien negó cualquier vínculo de la medida con las elecciones. Para la Abogacía General de la Unión, la ley que creó el programa en 2023 autoriza al Ejecutivo a corregir los valores y prohíbe reducirlos. El beneficio estaba congelado desde julio de 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro lo elevó de 400 a 600 reales a las puertas de las elecciones de aquel año.
La decisión cierra este proceso, pero no fija posición del TSE sobre el fondo. La legalidad del alza y su compatibilidad con las reglas electorales siguen sin resolución del tribunal, mientras los nuevos valores empiezan a regir en el mes de las elecciones.