El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes calificó de "absolutamente inconstitucional e ilegal" la investigación conducida por su colega André Mendonça sobre mensajes atribuidos al banquero Daniel Bueno Vorcaro, dueño del extinto Banco Master. En una manifestación presentada el lunes (14) ante la presidencia del tribunal, Moraes se pronunció por primera vez desde el inicio de la crisis de la Operação Compliance Zero y negó haber cometido irregularidades o haber favorecido a Vorcaro y al banco. Según CNN Brasil, el documento tiene 44 páginas y llegó al tribunal menos de 12 horas antes de la sesión del martes (15), en la que el máximo tribunal brasileño decidirá si abre una investigación formal en su contra.
Moraes sostiene que la pesquisa se abrió sin pedido de la Fiscalía General de la República (PGR), sin provocación de la Policía Federal y sin autorización previa del pleno. "En el presente caso, de manera absolutamente inconstitucional e ilegal, el ministro relator determinó, de oficio, la realización de actos de investigación contra un ministro del tribunal", escribió. Según un conteo de CNN Brasil, la palabra "ilegal" aparece 26 veces en el texto.
En el fondo, Moraes afirma que el informe de la Policía Federal "no señaló la existencia de ningún indicio de infracción penal" de su parte. Dice que el documento se apoya en notas halladas en el bloc de notas del celular de Vorcaro, llama a los supuestos intercambios "diálogos fantasiosos" y "mentiras criminales" y cuestiona la metodología del trabajo. Según G1, afirma que las pruebas no se preservaron de forma adecuada y que las conclusiones surgieron de recortes de mensajes e interpretaciones, sin pericia técnica.
"No hay ningún mensaje, absolutamente ninguno, de autoría del ministro Alexandre de Moraes que indique cualquier asesoría jurídica, favorecimiento o conocimiento previo de cualquier operación policial."
El argumento central de la defensa es el resultado de la propia operación. Vorcaro fue detenido en el aeropuerto internacional de Guarulhos cuando se preparaba para embarcar, con su pasaporte verdadero y su teléfono celular. Para Moraes, el éxito de la detención y de la incautación del aparato muestra que el banquero no sabía que había una orden contra él, por lo que no es "lógico, razonable y plausible" concluir que hubo favorecimiento o filtración. El ministro también niega haber juzgado causas ligadas al Banco Master o a la oficina de su esposa, Viviane Barci, en el STF, y describe la ofensiva en su contra como de motivación "político-electoral", un intento de "venganza".
La respuesta de Mendonça
En otra manifestación enviada también el lunes al presidente del STF, Luiz Edson Fachin, Mendonça defendió su actuación. Explicó la reunión presencial con delegados de la Policía Federal el 24 de agosto como una medida de cautela, porque un documento de la corporación mencionaba a su director general, Andrei Rodrigues, y al fiscal general de la República, Paulo Gonet, en una nota enviada por Vorcaro a un interlocutor aún no identificado. Mendonça también dijo que ordenó a la policía entregar, en 72 horas, información actualizada sobre integrantes de la supuesta "red de influencia y monitoreo" del banquero. Fachin había fijado un plazo para que Moraes, Mendonça, Gonet y Rodrigues dieran explicaciones antes de la sesión.
Lo que decide el pleno este martes
La sesión extraordinaria comienza a las 10h. Los ministros analizarán el informe de la Policía Federal y decidirán si los mensajes justifican abrir una investigación contra Moraes. La PGR ya pidió formalmente la anulación y el archivo del informe por vicios formales y, según G1, se evalúa entre bastidores la posibilidad de que Fachin lo declare nulo y envíe los datos a un nuevo subfiscal general para análisis. Sigue abierto si Moraes y Mendonça votan; el ministro Dias Toffoli no debería votar por haberse declarado impedido en trámites conexos del caso Master. Fuentes oídas por G1 estiman un marcador ajustado, de 4 a 3, a favor de abrir algún tipo de investigación. Un pedido de vista, con plazo de 90 días según el reglamento, podría postergar el desenlace.