Registros digitales obtenidos en investigaciones señalan que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, participó en la edición de un contrato de servicios jurídicos de unos R$ 130 millones entre el bufete de su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes, y el empresario Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. El diario O Estado de S. Paulo publicó la información este martes (1 de septiembre) y la TV Globo la confirmó.
Los metadatos del archivo, enviado por una aplicación de mensajería y extraído del celular de Vorcaro, registran el nombre y el usuario del ministro como autor de la última modificación del documento, según la investigación. El contrato contemplaba la contratación del bufete Barci de Moraes Sociedade de Advogados para actuación jurídica y consultoría estratégica, con honorarios globales de unos R$ 130 millones.
Lo que dice el bufete
En una nota, el bufete confirmó que el ministro participó en el análisis del borrador del contrato. Dijo que su área de cumplimiento lo consultó "en la condición de esposo de la socia directora" sobre la eventual existencia de impedimentos legales para el negocio, como causas en el STF bajo su relatoría.
Ante la inexistencia de previsión de actuación en el STF o de cualquier impedimento legal, ya que el ministro Alexandre de Moraes jamás juzgó causa alguna que involucre al Banco Master, el contrato fue firmado y los servicios jurídicos debidamente prestados.
El contexto de las investigaciones
La Policía Federal detuvo a Vorcaro en noviembre del año pasado, en la operación Compliance Zero, cuando intentaba embarcar en un jet privado rumbo a Malta y luego a Dubái. Según la revista VEJA, los registros de su celular también muestran mensajes intercambiados con Moraes antes de la prisión, el 17 de noviembre. El banquero preguntó si "Galípolo está sabiendo", si "conseguimos hacer algo" y si "cree que el lunes ya tengo que estar afuera", en referencia al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo.
Según la misma revista, los investigadores señalan que Vorcaro autorizó tarjetas de crédito para los dos hijos del ministro, cada una con un límite de R$ 300 mil. El material incautado fue enviado al despacho del ministro André Mendonça, relator en el STF de las investigaciones sobre el Master.
El lunes (31), Mendonça envió un oficio a la Procuraduría General de la República (PGR) pidiendo aclaraciones sobre un mensaje del celular de Vorcaro en el que decía necesitar protección del procurador general Paulo Gonet y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. La PGR tiene cinco días para manifestarse y, según el G1, no respondió a los contactos de la reportera. El caso sigue bajo análisis de Mendonça.