El Ministerio Público de São Paulo pidió a la Justicia que el alcalde Ricardo Nunes, del partido centrista MDB, y el presidente de la agencia reguladora municipal SP Regula, João Manoel da Costa Neto, sean intimados a cumplir decisiones judiciales relacionadas con el contrato de alumbrado público de la capital paulista, bajo pena de una multa diaria individual de R$ 100 mil (unos 18.500 dólares), según informó este miércoles el diario Folha de S.Paulo.
El organismo exige que la gestión Nunes y el regulador municipal reabran y concluyan, en un plazo de 120 días, una licitación internacional para el sector abierta originalmente en 2015. El pedido, presentado el jueves pasado, también exige el envío mensual a la Justicia de informes sobre las medidas adoptadas por el ayuntamiento.
La exigencia se apoya en un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil, que ordenó la reincorporación de un participante excluido de forma irregular del proceso licitatorio. Esa decisión quedó firme el 18 de diciembre de 2024, tras agotarse todos los recursos.
Una diferencia millonaria entre las propuestas
El consorcio excluido, llamado Walks, había presentado una propuesta que, a lo largo de 20 años de contrato, habría costado a las arcas municipales cerca de R$ 1.300 millones menos que la de Ilumina SP, la empresa que finalmente se quedó con la concesión. Ilumina SP firmó el contrato de asociación público-privada con el municipio en 2018, por un valor aproximado de R$ 6.900 millones.
Aunque la contratación original no ocurrió durante la gestión actual, la Fiscalía busca aplicar sanciones a las autoridades municipales vigentes, alegando que la orden del Supremo aún no fue cumplida por el ayuntamiento. La Procuraduría General del Municipio (PGM), encargada de la defensa jurídica de la gestión Nunes, niega que el fallo esté siendo incumplido. La alcaldía, a través de SP Regula, sostiene que la concesión beneficia a la ciudad, ya que el contrato con Ilumina SP permitió una amplia modernización del sistema de alumbrado público. La concesionaria también niega irregularidades y afirma que todos los puntos cuestionados en el proceso fueron investigados y aclarados.