El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil presentó una acción civil pública contra Uber Brasil para suspender el programa "Passe para Motoristas" (Pase para Conductores), que cobra a los conductores una tarifa para poder aceptar viajes a través de la aplicación. El organismo también exige la devolución de los montos ya pagados por los trabajadores y una indemnización de 321 millones de reales, unos 60 millones de dólares, por daño moral colectivo.
Lanzado el 25 de mayo de este año en 12 ciudades brasileñas, el programa permite al conductor adquirir un pase por periodo, con validez de 24 o 72 horas, o por ganancias, modalidad en la que paga una cantidad y queda exento de la tarifa de servicio hasta alcanzar un límite de facturación determinado. Según el MPT, los montos cobrados pueden superar los 1.000 reales, unos 190 dólares, al mes, según la modalidad y la frecuencia de trabajo del conductor.
Para el organismo, el problema central es que el trabajador debe pagar por adelantado para acceder a las condiciones del programa, sin garantía de que conseguirá suficientes viajes para recuperar el dinero invertido. Según los propios términos de servicio de Uber, citados por el MPT, la compra del pase no garantiza un número mínimo de viajes, que además pueden ser asignados por el algoritmo a conductores que no se sumaron al programa.
Estructura de servidumbre por deudas, según el fiscal
El fiscal de trabajo Luiz Antonio Nascimento Fernandes, responsable de la demanda, sostiene que el mecanismo puede generar dependencia económica de los conductores respecto a la plataforma. Según explica, cuando el trabajador no tiene saldo suficiente, los pagos futuros pueden retenerse automáticamente para saldar la deuda con la empresa.
El mecanismo de cobro del Pase crea una estructura objetiva de endeudamiento permanente: el conductor que no tiene saldo suficiente ve retenidas automática e íntegramente sus futuras remuneraciones por la demandada. Este mecanismo perpetúa la dependencia económica del trabajador respecto a la plataforma y replica, en el entorno digital, la estructura de la servidumbre por deudas, afirma Fernandes en la demanda, según G1.
El MPT también argumenta que el programa podría funcionar como una forma de fidelización indirecta, ya que el conductor tendría menos incentivo para trabajar en aplicaciones de la competencia mientras ya pagó por el pase. Además de pedir la suspensión del programa, el organismo solicitó acceso al código fuente del algoritmo de Uber, para investigar los criterios de distribución de viajes, la formación de precios y los montos que efectivamente reciben los conductores.
Ilan Fonseca, coordinador nacional de combate al fraude laboral del MPT, calificó el cobro como abusivo y afirmó que podría configurar una condición análoga a la esclavitud, hipótesis que será analizada durante el proceso. En casi todos los países del mundo existe una regla que prohíbe a las empresas o agencias cobrar a los empleados para que tengan acceso al trabajo, dijo Fonseca, según G1. En un comunicado, Uber negó las acusaciones y afirmó que presentará ante la Justicia la información necesaria para explicar el funcionamiento del programa, descrito por la empresa como una alternativa, aún en fase de pruebas, al modelo tradicional de tarifa por viaje. La compañía también señaló que el juez a cargo del caso, identificado por InfoMoney como Luciano Carreiro, de la 9ª Vara Laboral de Salvador, pidió cautela al analizar los argumentos del Ministerio Público, que todavía deben ser investigados.