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El Ministerio Público del Trabajo recibe 223 denuncias de acoso electoral en 2026

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MRPor Marina Rocha•30 de agosto de 2026•Fuentes: G1

El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil recibió 223 denuncias de acoso electoral en el ambiente de trabajo en 2026, según un balance actualizado del órgano publicado por G1. Agosto, aún en curso, concentra 95 registros: el 42,6% del total y más del doble de los 46 contabilizados en julio. El aumento coincide con el inicio oficial de la campaña electoral, el 16 de agosto, cuando se autorizó pedir votos y hacer propaganda en las calles y en internet.

Los números representan relatos enviados al MPT, no casos ya comprobados. Hay registros en los 26 estados y en el Distrito Federal. São Paulo lidera en números absolutos, con 29 denuncias, seguido por Río de Janeiro, con 21, y Pernambuco, con 14. Minas Gerais y Pará suman 13 cada uno. De enero a julio, la base reúne 128 registros: un 25,5% por encima de los 102 recibidos en el mismo período de 2024 y 16 veces los ocho de 2022.

Para el procurador general del Trabajo, Gláucio Araújo de Oliveira, la mayor articulación entre los órganos y la facilidad para comunicar irregularidades explican parte del crecimiento. Sin embargo, espera nuevas denuncias con el endurecimiento de la contienda de este año.

"Las elecciones presidenciales tienen una polarización mayor que las municipales, entonces la tendencia es que este año nuestra actuación sea más intensa que en las últimas elecciones", afirmó Gláucio a G1.

Promesas, amenazas y condenas recientes

Promesas de aumento salarial a cambio del voto y amenazas de despido están entre las formas de presión citadas por el procurador general. En el servicio público, la elección política también puede convertirse en blanco de amenazas de exoneración o de pérdida de gratificaciones. En Eldorado (SP), el alcalde Noel Castelo da Costa (Solidariedade) fue condenado a pagar R$ 30 mil por daños morales colectivos tras intimidar a un servidor asociado a la oposición, según el MPT. La decisión, de primera instancia, admitía recurso.

Hay precedentes de mayor peso. En enero de 2024, la minorista Havan y su propietario, Luciano Hang, fueron condenados en primera instancia a pagar R$ 85 millones por acoso electoral en la campaña presidencial de 2018. Según el MPT, el empresario cuestionó la intención de voto de los empleados e indicó que podría despedir a 15 mil personas dependiendo del resultado. Hang negó irregularidades, y el proceso se cerró mediante un acuerdo en febrero de 2025. En julio de 2024, el TRT de la 15ª Región confirmó la condena de Química Amparo, dueña de la marca Ypê, por una charla en línea durante la campaña de 2022 considerada un intento de persuadir a los empleados a votar por la reelección de Jair Bolsonaro (PL). La empresa negó la coacción e informó, en su momento, que apelaría.

El acoso no necesita partir del dueño de la empresa, explica Rodrigo Trindade, juez auxiliar de la presidencia del Consejo Superior de la Justicia del Trabajo (CSJT). Las conductas de gerentes y otros superiores jerárquicos también lo configuran. "Una sola práctica puede, sí, caracterizar el acoso electoral. El acoso electoral no necesita una suma, una continuidad de prácticas para ser caracterizado", afirmó a G1.

La presión tampoco queda restringida al espacio físico. La procuradora de la República Nathália Mariel Ferreira de Souza Pereira llama la atención sobre los grupos de mensajería en los que el empleado debe participar para recibir orientaciones profesionales. "Todos tienen sus libertades de pensamiento, de política, de manifestación, pero el espacio del trabajo, el espacio donde ese trabajador estará naturalmente vulnerable, debe ser respetado", dijo. Según ella, los trabajadores informales, como los repartidores presionados a usar adhesivos de candidatos, también pueden sufrir acoso. "El hecho de que el trabajo sea informal no significa que no pueda ocurrir acoso en ese contexto también", afirmó.

Con la campaña abierta y la propaganda electoral en radio y televisión iniciada este sábado (29), la expectativa del procurador general es de una actuación más intensa del órgano hasta la votación de octubre. El MPT seguirá recibiendo denuncias a lo largo de la contienda, y los registros de agosto aún pueden crecer, ya que el mes continúa en curso.

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