Nueve partidos repartieron al menos R$ 21,6 millones en fondos públicos, en las elecciones de este año, entre las campañas de 20 candidatos a los que el Ministerio Público Electoral o los tribunales electorales regionales de Brasil vincularon con el crimen organizado. La cifra proviene de una investigación de la Folha de S.Paulo publicada el 28 de septiembre, que cruzó decisiones judiciales con los desembolsos declarados en DivulgaCand, la plataforma oficial de la Justicia Electoral brasileña. Los datos se recopilaron hasta el 22 de septiembre.
Según el diario, el dinero fue a candidatos señalados como representantes de facciones criminales, milicias, el juego del bicho y la llamada "milícia de gravata" (milicia de corbata), figura creada por el tribunal electoral de Río de Janeiro para abarcar a personas involucradas en fraudes organizados contra las arcas públicas. União Brasil concentra cinco de los 20 casos; MDB y PRD, tres cada uno; PP, PSDB y Podemos, dos cada uno; Avante, PT y Republicanos, uno cada uno.
Qué está decidido y qué puede cambiar
Las transferencias figuran en registros oficiales. Los vínculos con el crimen todavía esperan una decisión definitiva: los registros de candidatura fueron negados en primera instancia y cabe apelación ante el TSE, la corte electoral superior de Brasil, y mientras el tribunal analiza los recursos los candidatos pueden seguir en campaña y usar el dinero. Algunos de los citados niegan las acusaciones. Uno de ellos es Filipe Pereira, del Podemos, candidato a diputado federal en Río, cuyo registro fue negado por el tribunal electoral del estado. En una nota publicada por G1, afirmó:
"Declaro que no respondo a ningún proceso penal ni electoral, ni tengo condena firme. Confío en la justicia y en el debido proceso. Sigo siendo elegible hasta una decisión definitiva y continúo mi campaña con normalidad."
Río y la milicia de corbata
El estado de Río de Janeiro concentra la mayoría de las impugnaciones del país. El 14 de septiembre, el tribunal electoral regional (TRE-RJ) negó 15 candidaturas por sospecha de vínculos con organizaciones criminales, entre ellas las de la exdiputada Cristiane Brasil y del pastor Everaldo, del Podemos, informó G1. Por 4 votos a 3, el tribunal amplió el concepto de organización criminal para incluir la milicia de corbata: grupos que, sin exhibir armas de forma ostensiva, se infiltran en los poderes Ejecutivo y Legislativo y se apropian de la máquina pública para controlar contratos y fraudar licitaciones. En la misma sesión, el tribunal trasladó 72 locales de votación situados en zonas controladas o disputadas por el Comando Vermelho, el Terceiro Comando Puro, milicias y la facción Amigos dos Amigos, lo que afectó a más de 200.000 electores.
Según la Folha, el TRE-RJ ha remitido las candidaturas rechazadas a la Fiscalía para determinar si los partidos son responsables por haber nominado a esas personas. La medida responde a recomendaciones de la Justicia Electoral y del Ministerio Público Electoral que exigen a los partidos medidas para evitar la infiltración del crimen organizado en la política. Algunas formaciones discrepan de que ese control sea su atribución y alegan no tener medios para hacerlo. La defensa de Paulo Melo, del União Brasil, otro candidato bloqueado, dijo que recibió la decisión con indignación.
El financiamiento de campañas en Brasil es mayoritariamente público. El fondo electoral, repartido solo en años de elección, fue fijado en R$ 4,96 mil millones para 2026, y el fondo partidario, de uso anual, suma R$ 1,43 mil millones este año. Los R$ 21,6 millones que llegaron a los 20 candidatos equivalen a cerca del 0,4% del fondo electoral. Antes de votar, se puede consultar en la plataforma DivulgaCand cuánto recibió cada candidato y de qué fondo provino el dinero, y seguir el estado del registro de cada candidatura, que aún puede cambiar en el TSE.