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Wifi gratuito de São Paulo puede acabar tras suspensión de fondos a ONG, dice alcalde

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MRPor Marina Rocha•18 de septiembre de 2026•Fuentes: CNN Brasil, G1

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmó este lunes (14) que el programa de internet gratuita en las periferias de la ciudad puede ser cancelado si el STF, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, ordena el fin del contrato con una ONG de la empresaria Karina da Gama, productora de "Dark Horse", película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro (PL). La declaración llegó días después de que el ministro Flávio Dino paralizara todos los pagos con dinero público a las entidades vinculadas a ella.

El contrato con el Instituto Conhecer Brasil (ICB), que Gama preside, se firmó en junio de 2024, meses antes de la elección municipal en la que Nunes fue reelegido. Según G1, el acuerdo preveía 108 millones de reales para instalar 5.000 puntos de wifi gratuito en zonas periféricas. La entidad instaló 3.200 puntos y recibió, en dos años hasta mayo, 113,9 millones de reales de la prefectura. En un mensaje de WhatsApp, el alcalde dijo que Prodam, la empresa de procesamiento de datos municipal, no puede ejecutar el servicio por el valor pagado a la ONG.

"Prodam no consigue hacer el servicio con un valor de 1.260 reales por punto. Voy a tener que cancelar y hacer una nueva convocatoria. El mismo servicio hecho por Prodam cuesta 6.699,99 reales por punto."

Lo que apunta la investigación

En una decisión del 3 de septiembre, Dino ordenó paralizar los pagos a todas las entidades vinculadas a la empresaria. El jueves (10), la Policía Federal cumplió 49 órdenes de registro y aprehensión en la operación Make Up. Entre los objetivos estaban Gama, también socia de Go Up Entertainment, productora de "Dark Horse", y el diputado federal Mario Frias (PL-SP), que habría destinado 2 millones de reales en enmiendas presupuestarias al instituto, según CNN Brasil. Los investigadores analizan sospechas de peculado, falsificación documental, lavado de dinero, organización criminal e irregularidades en licitaciones. Dino también centralizó en la Policía Federal la pesquisa que antes llevaba la Policía Civil de São Paulo.

Un informe de la Policía Civil paulista, hecho público el domingo (13) después de que el ministro levantara el secreto, señala "sospechas consistentes" de confusión patrimonial. Según el documento, el Tribunal de Cuentas habría apuntado al menos 20 irregularidades graves en la licitación de la contratación.

"Hay sospechas consistentes de confusión patrimonial y de que los recursos públicos del programa 'WiFi Livre SP' fueron desviados para costear la producción de la película, usando cuentas de empresas subcontratadas y de otras organizaciones sociales gestionadas por la investigada para lavar los valores desviados del erario de São Paulo."

Defensa y próximos pasos

Nunes niega irregularidades. El viernes (11), dijo a CNN Brasil que consultaría al STF sobre la necesidad de romper el vínculo y repitió que el contrato municipal es independiente de la película. "Nuestro contrato no tiene nada que ver con 'Dark Horse'", afirmó. En su mensaje del lunes, el alcalde sostuvo que la convocatoria quedó abierta 30 días sin impugnaciones, que las observaciones del Tribunal de Cuentas fueron atendidas y calificó de "lunática" la denuncia de un miembro del PT de Rio Grande do Sul que está en el origen de las pesquisas. "Nadie, ni ella, ni un alcalde, ni un periodista, ni un juez, está por encima de la ley. Si alguien cometió un error, tiene que pagarlo", dijo.

Este lunes, la Procuraduría de la Prefectura pidió a Dino que reconsidere la suspensión. Según el gobierno municipal, la paralización abrupta puede causar perjuicio. La petición es que el ICB ejecute solo este contrato o que haya un plazo mayor para cambiar de empresa. La decisión queda ahora en manos del ministro. Si la suspensión se mantiene y ninguna empresa asume el servicio, Nunes dice que cancelará el programa y abrirá una nueva convocatoria, lo que retiraría los 3.200 puntos de wifi activos hoy en las comunidades, mientras la Policía Federal investiga el caso bajo supervisión del STF.

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