El líder de la oposición en el Senado de Brasil, Rogério Marinho (PL, de Río Grande del Norte), presentó este viernes (18) el Proyecto de Resolución 54/2026. El texto da al presidente de la Cámara, Davi Alcolumbre (Unión, de Amapá), 30 días hábiles para decidir si admite o rechaza pedidos de juicio político contra ministros del STF, el Tribunal Supremo Federal, y otras autoridades.
Cómo funcionaría el nuevo rito
El reglamento interno del Senado hoy no fija plazo para esa decisión preliminar ni prevé transferencia automática de la competencia si el presidente calla, según el sitio Poder360. Con la propuesta, si el presidente no se pronuncia, el caso pasa a la Mesa Directora, que tendría otros 30 días hábiles para decidir por mayoría simple. El rechazo quedaría limitado a cuatro supuestos: falta de legitimidad del denunciante, salida definitiva del denunciado del cargo, incumplimiento de requisitos formales o hechos que, aun siendo verdaderos, no configuren crimen de responsabilidad.
El proyecto también crea un recurso al plenario. Nueve senadores podrían presentarlo hasta 30 días hábiles después de la publicación de la decisión, y el asunto entraría en el orden del día en un máximo de cinco sesiones deliberativas ordinarias. Para que el pedido se considere admitido harían falta 49 votos, tres quintos de los 81 senadores. Según Folha de S.Paulo, si la denuncia no es analizada por el presidente y luego por la Mesa dentro de los plazos, se considerará admitida cuando 49 de los 81 senadores firmen una solicitud en ese sentido.
Presión sobre Alcolumbre
La propuesta llega en un momento de tensión con el presidente del Senado. Folha informa que Alcolumbre frena la votación de pedidos de juicio político contra ministros del STF en medio de la mayor crisis de la historia del tribunal. Para el diario Gazeta do Povo, el proyecto crea un freno contra el archivamiento de los pedidos frente a la resistencia de Alcolumbre a darles trámite.
En la justificación, Marinho escribe que la falta de plazos permite que un pedido quede sin examen por tiempo indeterminado, con efectos parecidos a los de un archivo sin decisión formal. "En un Estado de Derecho, ninguna autoridad está por encima del orden constitucional", afirma el senador. Dice que busca hacer el rito más previsible y evitar tanto la parálisis indefinida como la banalización de los pedidos.
Para entrar en vigor, la resolución debe ser aprobada en comisiones, incluida la CCJ, la Comisión de Constitución y Justicia, y en el plenario. Como regula asuntos internos del Legislativo, no pasa por la sanción del presidente de la República, según Poder360. El obstáculo inmediato es la propia agenda: el presidente del Senado decide qué se vota en el plenario, apunta Folha. Una vez admitido un pedido, una comisión especial tendría 120 días para concluir sus deliberaciones según el reglamento y la Ley 1.079/1950, la ley brasileña del juicio político.