El gobierno federal brasileño envió este lunes (31) al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027, que condiciona los reajustes de los servidores públicos federales al gatillo de la regla fiscal. Mientras las cuentas sigan en rojo, el gasto con personal no podrá crecer más de un 0,6% anual sobre la inflación, informaron G1 y la agencia estatal Agência Brasil.
El mecanismo está en el artículo 6 del marco fiscal, la regla de cuentas públicas aprobada en 2023, el primer año del actual mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ese marco limita el crecimiento del gasto al 70% del aumento de los ingresos, o al 2,5% anual sobre la inflación. A fines de 2024, el Congreso lo endureció: si el gobierno registra déficit primario, cuando los ingresos quedan por debajo de los gastos sin contar los intereses de la deuda, los límites entran en vigor al año siguiente y solo se levantan cuando vuelve el superávit primario. Brasil tuvo déficit en 2025 y proyecta un rojo de R$ 52.000 millones para 2026, por lo que el tope regiría en 2027, el primer año del próximo mandato presidencial, que se define en las elecciones de octubre.
Tope hasta 2030
Mientras el déficit continúe, hasta 2030 el gasto con personal no podrá crecer por encima del mínimo permitido por el marco fiscal (0,6% anual sobre la inflación). El límite alcanza a servidores activos, jubilados y pensionistas, pero no al pago de sentencias judiciales, como los precatorios, las deudas del Estado confirmadas por decisiones judiciales definitivas, explicó la Agência Brasil. En la práctica, la regla impide aumentos con ganancia real en 2027. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, admitió el efecto en junio:
"Tenemos el nuevo marco fiscal, creamos un gatillo adicional. El año que viene no vamos a tener ganancia real para el servidor público, lo que es una ganancia [en términos de contención de gastos] en el primer año de gobierno", dijo Durigan.
La restricción llega después de los acuerdos salariales firmados en 2024 entre el Poder Ejecutivo y la mayor parte del funcionalismo. Las negociaciones incluyeron reajustes para 2025 y 2026 y reestructuraciones de carreras, y cubrieron el 98,2% de los servidores federales. La ministra de Gestión e Innovación, Esther Dweck, afirmó entonces que los acuerdos garantizarían la reposición de la inflación a lo largo del mandato de Lula, con ganancia real adicional.
El proyecto pasa ahora al análisis del Congreso, que puede modificarlo durante la tramitación. Debe estar aprobado antes del 1 de enero, cuando comienza el ejercicio de 2027 y la limitación empieza a regir.