La Policía Federal de Brasil puso en marcha este lunes (14) la tercera fase de la Operación Transparencia, que investiga presuntas irregularidades en la destinación de las enmiendas parlamentares, partidas del presupuesto federal que los legisladores dirigen a obras, hospitales y proyectos sociales en sus estados y municipios. Agentes cumplen cuatro órdenes de registro y decomiso en el Distrito Federal y en São Paulo. Las órdenes fueron emitidas por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, según el G1.

Según la corporación, la operación investiga posibles delitos de explotación de prestigio, tráfico de influencias, cohecho pasivo y lavado de dinero. Es un desdoblamiento de una investigación iniciada en diciembre de 2025 sobre la destinación de las enmiendas.

En un comunicado, la PF afirmó que las investigaciones apuntan a que "integrantes del grupo habrían negociado con terceros el pago de valores expresivos, condicionados al resultado de procesos en curso, con el pretexto de influir en decisiones judiciales". Añadió que "no hay elementos que indiquen la participación de integrantes del Poder Judicial en los hechos investigados". La corporación no informó detenciones en esta fase ni difundió los nombres de los objetivos.

Uno de los objetivos fue identificado por la prensa: el diputado federal Cezinha Madureira, según la columna de Mônica Bergamo en el diario Folha de S.Paulo. La columna lo describe como amigo y aliado del ministro del STF André Mendonça. La información del G1, aún en actualización, no citaba nombres hasta la mañana del lunes.

Las enmiendas parlamentares permiten a los parlamentarios reservar dinero del presupuesto federal para proyectos en sus regiones. La destinación de esos fondos es lo que el inquérito examina desde diciembre de 2025.

Los próximos pasos son el análisis del material incautado en los registros y, al cierre del inquérito, el envío de un informe al STF, donde Dino emitió las órdenes. Si la Fiscalía General de la República encuentra indicios suficientes contra un parlamentario en ejercicio, podrá presentar denuncia ante el propio tribunal, que juzga a los congresistas por mandato de la Constitución brasileña.