La Policía Federal de Brasil afirma que mensajes hallados en una investigación muestran que la abogada Valéria Rodrigues Linhares, exesposa del diputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), habría negociado R$ 2 millones de honorarios de éxito a cambio de la liberación de un exsecretario de Educación preso por desvío de fondos y con un proceso ante el Tribunal Supremo Federal (STF), la máxima corte del país. Los hallazgos sustentaron los mandatos de búsqueda cumplidos este lunes (14) contra el diputado y la abogada. El ministro Flávio Dino, relator del caso, levantó el secreto de la decisión que autorizó los mandatos. Según el documento, Cezinha habría ofrecido tratar el asunto personalmente con el ministro Kassio Nunes Marques, relator del proceso.
El caso del exsecretario
El proceso es la Reclamação 81.608, presentada por Denis de Souza Macedo, exsecretario de Educación de Belford Roxo, ciudad del estado de Río de Janeiro. Fue detenido el año pasado en una operación de la Policía Federal que investiga desvíos de R$ 112 millones del Fundeb, el fondo de educación básica, y del programa nacional de alimentación escolar. El primer contrato previsto en los diálogos pagaba R$ 1 millón al despacho de la abogada Mariângela Fialek, conocida como Tuca, en caso de éxito en la reclamación. Después, Tuca propuso un adendo de R$ 2 millones si el exsecretario salía de la cárcel. El fragmento publicado por Dino no deja claro si el contrato se firmó con ese valor, pero el nombre de Fialek figura todavía en el proceso como una de las abogadas de Denis, informa Valor Econômico.
Los diálogos salieron del celular de Tuca, señalada como una de las principales operadoras del "presupuesto secreto" de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Arthur Lira (PP-AL). Según la Policía Federal, Tuca captaba los clientes y redactaba los escritos, Valéria firmaba contratos y cesiones de crédito millonarias, y el diputado mantenía contacto directo con los ministros. "El parlamentario no se limitaba a remitir documentos: se comprometía a formular una solicitud personal y directa al juez, en favor de partes representadas por abogadas vinculadas a él por vínculo conyugal y por interés económico", dice la PF en un pasaje destacado por Dino.
"Me parece claro que los hechos investigados pueden implicar, en teoría, a un diputado federal sin habilitación para ejercer como abogado, que aparentemente usa la ascendencia de su función parlamentaria para inculcar en terceros la percepción de influencia sobre magistrados de los tribunales superiores. Subrayo que la percepción de una remuneración elevada parece descartar la hipótesis de que se trate de un mero 'acto político'", escribió Dino.
El 21 de agosto de 2025, tras una respuesta protocolar de la oficina de Nunes Marques a una solicitud de audiencia, Tuca se quejó con el diputado de la dificultad para hablar con el equipo del ministro. Cezinha respondió "calma" y "déjame ir allí a tantear". Siete días después, le pidió de nuevo "el print de la solicitud de agenda". Para Dino, el diálogo evidencia "la continuación de la gestión personal del asunto". En la misma decisión, el ministro cita honorarios de R$ 500 mil condicionados a una decisión favorable para la alcaldesa de Beberibe, en Ceará, y mensajes en los que el diputado menciona a "André", "ministro Kassio" y "Antônio Carlos". La PF investiga si se trata de los ministros André Mendonça y Kassio Nunes Marques, del STF, y Antônio Carlos Ferreira, del Superior Tribunal de Justicia.
Defensas y próximos pasos
En una nota, la defensa de Cezinha niega irregularidades y afirma que el diputado está a disposición de las autoridades y dará todas las aclaraciones. La de Valéria dijo que pedirá acceso al expediente y aclaró que estuvo casada 24 años con el parlamentario, de quien está divorciada hace año y medio; en la representación de la PF, ella aparecía como su esposa. La defensa de Tuca no se había pronunciado hasta la publicación. Nunes Marques afirmó que atender a las partes "es parte de la rutina" de los magistrados y que un juez de su gabinete atendió a Fialek por videollamada el 1 de agosto de 2025. Aseguró que decide "de forma independiente y con base en las leyes y la Constitución". La PF y Dino subrayan que los ministros citados no son investigados.
La investigación es un desdoblamiento de la Operación Transparencia, lanzada en diciembre de 2025 para investigar tráfico de influencias, explotación de prestigio, corrupción pasiva y blanqueo de dinero en la tramitación de procesos en el STF, en el Superior Tribunal de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral. Dino sigue como relator. La instrucción continúa en manos de la PF, y las defensas tendrán acceso al expediente completo antes de cualquier decisión de fondo.