La Policía Federal desplegó este jueves la Operación Corrientes del Capital con el fin de desarticular una red dedicada a la invasión de tierras públicas, la deforestación clandestina y la explotación de mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud en Manicoré, municipio ubicado en la cuenca del río Madeira, en el sur del estado de Amazonas. La acción ejecutó órdenes de allanamiento y el embargo de bienes dispuesto por el 7º Juzgado Federal Ambiental y Agrario de Amazonas.

De acuerdo con la corporación policial, la tala rasa en bosques fiscales ocasionó un perjuicio ambiental calculado en más de 179 millones de reales (cerca de 32 millones de dólares). Las pesquisas comenzaron luego de que inspectores rescataran a unos 50 trabajadores sometidos a condiciones degradantes en un campamento de desmonte.

El sometimiento de trabajadores vulnerables funciona como combustible financiero para la expansión de la frontera agropecuaria irregular en la Amazonía, abaratando el costo de derribar la selva primaria antes de ocupar el suelo para pastizales y especulación inmobiliaria. Esta práctica conecta la degradación local con las cadenas globales de materias primas e incrementa las emisiones de carbono del país.

La Policía Federal informó que los sospechosos enfrentan cargos por organización delictiva, reducción a la esclavitud, deforestación ilegal, usurpación de tierras públicas de la Unión, falsedad ideológica y cohecho. La justicia federal bloqueó el patrimonio de los investigados para garantizar la reparación del daño ecológico y el pago de las indemnizaciones laborales correspondientes.

La asfixia financiera de los grupos que usurpan tierras públicas representa un paso contra la impunidad en el sur de Amazonas, aunque organismos de control subrayan la necesidad de mantener patrullajes constantes en el terreno, regularizar las áreas fiscales sin asignación y fortalecer el catastro territorial en la región.