La Policía Rodoviaria Federal (PRF), la policía federal de carreteras de Brasil, publicó una norma que restringe las fiscalizaciones, el policiamiento y el patrullaje en carreteras federales los días de votación. Los electores van a las urnas el 4 de octubre, de 8 a 17 horas, para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estaduales y distritales. Una eventual segunda vuelta está fijada para el 25 de octubre.
La regla consta en la Portaria Conjunta TSE nº 4, una ordenanza conjunta del Tribunal Superior Electoral firmada el 14 de septiembre y publicada en el Diário Oficial da União, el boletín oficial, el martes (15), según G1 y la propia PRF. Según la norma, las acciones de la corporación no podrán constituir un "obstáculo indebido al desplazamiento de los electores". La actuación debe permitir la libre circulación, cuidar la seguridad de las personas en el trayecto a los locales de votación y planificarse para evitar bloqueos, retenciones u operaciones que comprometan injustificadamente el flujo de vehículos.
En los días de votación, la detención de vehículos y conductores "no será empleada para la verificación de infracciones administrativas de tránsito que no representen riesgo concreto", dice el texto. En su anuncio oficial, la PRF detalla que la fiscalización de esas infracciones queda limitada a situaciones de riesgo "concreto e inminente" para la vida o la integridad física. Los bloqueos en carreteras federales exigen comunicación previa y justificación ante el Tribunal Regional Electoral (TRE) competente, con indicación de rutas alternativas, salvo en caso de delito flagrante o infracción de las normas de seguridad vial.
Coordinación con el TSE y el Ministerio de Justicia
La ordenanza se elaboró de forma coordinada con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), el órgano que organiza las elecciones en Brasil, informó la PRF. El texto complementa el artículo 236 del Código Electoral, que restringe la prisión de electores, candidatos y mesarios en las fechas próximas a la elección. Además del patrullaje, la corporación prestará apoyo logístico a la Justicia Electoral, cuando se le solicite, en el transporte de materiales y urnas electrónicas y en la seguridad de instalaciones, y mantendrá articulación para contingencias climáticas extremas.
"Desde 2023, la PRF, el MJSP y el TSE trabajan juntos para definir el mejor modelo de actuación de la PRF durante el período electoral. El resultado de ese primer trabajo, aplicado con éxito en las elecciones de 2024, ayudó a construir un ambiente tranquilo y contribuyó a garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el pleno ejercicio del derecho al voto", afirmó el director general de la PRF, Fernando Oliveira.
Los antecedentes de 2022
La norma llega cuatro años después de que la PRF desacatara una orden del TSE en la segunda vuelta de 2022. Ese día de votación, la corporación detuvo en operativos al menos 610 autobuses que transportaban electores, según G1. En diciembre de 2025, el exdirector general de la PRF, Silvinei Vasques, fue condenado a 24 años y seis meses de prisión, acusado de integrar una organización criminal que tramó un golpe de Estado. Según la Procuraduría General de la República (PGR), actuó para impedir el tránsito de electores en zonas donde el entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenía mayor intención de voto. Vasques fue ordenado preso por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
"El compromiso de la PRF es con la democracia", declaró Oliveira. La norma se aplicará en todo el territorio nacional en la primera vuelta, el 4 de octubre, y en la eventual segunda, el 25 de octubre.