El Ministerio Público del estado de São Paulo abrió un nuevo frente en la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público de la capital paulista, valorado en R$ 6.900 millones. En un despacho del jueves (20), la Fiscalía del Patrimonio Público y Social exigió explicaciones a la procuradora general del Municipio, Luciana Sant'Ana Nardi, por presuntamente imponer obstáculos al cumplimiento de fallos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Supremo Tribunal Federal (STF) que llevarían a la cancelación del contrato vigente, según reveló el diario Folha de S.Paulo.
La gestión del alcalde Ricardo Nunes, del partido centrista MDB, respondió al periódico que ejecuta el contrato de forma regular y que, una vez notificada oficialmente, presentará a la Justicia todas las aclaraciones necesarias.
El contrato con el consorcio Ilumina SP, integrado por las constructoras FM Rodrigues y CLD Construtora, surgió de una licitación concluida en 2018 y prevé la prestación de los servicios de alumbrado durante 20 años. En un proceso concluido en diciembre de 2024, el STF consideró que el certamen descalificó irregularmente al consorcio Walks, cuya propuesta era unos R$ 1.300 millones más barata. En 2022, ya bajo la gestión Nunes, un aditivo firmado sin licitación incorporó los servicios de semáforos al contrato, con un costo de R$ 3.800 millones.
El Ministerio Público calcula que el mantenimiento del contrato considerado irregular provocó un perjuicio acumulado de R$ 513 millones hasta julio de este año, incluidos pagos ya realizados. Con base en ese valor, el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) ordenó el 14 de agosto el bloqueo de unos R$ 1.000 millones en bienes de exfuncionarios y de las empresas involucradas, suma del presunto perjuicio más una multa de igual valor. El jueves (20), el desembargador Borelli Thomaz, de la 13ª Cámara de Derecho Público, rechazó un recurso de las empresas y mantuvo el bloqueo, fijado en R$ 1.026.618.672,72, según el portal g1.
Sospecha de favorecimiento
Las investigaciones apuntan a un presunto favorecimiento al consorcio ganador en la licitación internacional abierta en 2015. Según g1, una sindicatura de la Contraloría General del Municipio concluida en enero de 2020 halló "indicios robustos y convergentes" de que servidores del Ilume, el departamento municipal de alumbrado, actuaron para inhabilitar al consorcio Walks antes de la apertura de las propuestas comerciales. La entonces directora del órgano, Denise Maria Ayres de Abreu, es sospechosa de recibir pagos mensuales de FM Rodrigues, sospecha reforzada por grabaciones de audio de 2017. Ella está entre los alcanzados por el bloqueo de bienes, junto al exsecretario municipal de Servicios y Obras, Marcos Rodrigues Penido, y a João Manoel da Costa Neto, director presidente del regulador SP Regula.
En un comunicado, Penido dijo que presentará su defensa técnica y prestará las aclaraciones necesarias. Ilumina SP afirmó que los puntos señalados por el Ministerio Público ya fueron objeto de investigaciones anteriores, en las que la concesionaria prestó todas las aclaraciones.