R$ 1,182 billones (1,182 billones de reales brasileños). Es lo que el gobierno federal de Brasil desembolsa hoy, en un solo año, solo para pagar los intereses de la deuda pública, según un informe de Estadão. En la práctica, es dinero que sale del presupuesto para remunerar a los acreedores y no llega a hospitales, escuelas ni obras.

La cuenta equivale a unos R$ 3.200 millones por día, casi 15 veces el déficit de R$ 80.900 millones que el propio gobierno proyecta para este año. Quien gane la segunda vuelta de este domingo (25) y suba la rampa del Palacio de Planalto el 5 de enero de 2027, día de la toma de posesión, hereda esa factura.

La deuda bruta del gobierno federal llegó al 82,9% del PIB en agosto de 2026, es decir, R$ 11,1 billones, según datos del Banco Central. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que solo Egipto y Bahrein deberían gastar más en intereses que Brasil este año.

Entienda el presupuesto atado

Para entender: el PIB es la suma de todo lo que el país produce en un año, y la relación deuda/PIB mide el tamaño de la deuda frente a esa riqueza. Cuanto mayor el porcentaje, más intereses paga el gobierno y menos queda para servicios e inversiones.

El nudo está en un presupuesto sin margen. Los gastos obligatorios, aquellos que el gobierno no puede dejar de pagar por ley, suman el 92% del total, y jubilaciones, asistencia social, salud y educación juntas superan el 80%. Esos gastos crecen por regla propia: las prestaciones previsionales y sociales siguen al salario mínimo, que sube por encima de la inflación, y salud y educación están atadas a la recaudación.

La presión creció en la recta final de la campaña. El presidente Lula aumentó el Bolsa Familia, el principal programa de transferencia de renta, un 15% apenas 17 días antes de la primera vuelta, y Folha de S.Paulo calcula en casi R$ 300.000 millones las medidas electorales aprobadas para 2026 y 2027. Los boletines del Ministerio de Planificación alertan desde hace meses sobre el riesgo de un "shutdown", una parálisis de los servicios del gobierno por falta de dinero.

Para 2027, el gobierno estima un superávit de R$ 18.600 millones, pero el presupuesto tendrá que rehacerse, con revisión de ingresos y la tarea de encajar las promesas de campaña. Del lado de Lula, Folha recuerda que prometió mantener el expansionismo fiscal, lo que haría más difícil explicar un ajuste. Del lado de Flávio Bolsonaro, el candidato del PL niega recortes en programas sociales, pero promete un ajuste del orden de R$ 200.000 millones y el regreso del Perse, un programa de condonación tributaria que, según Folha, facilitó la vida de lavadores de dinero del grupo criminal PCC.

Lo que dicen los especialistas

"La primera y más efectiva medida que el gobierno puede adoptar es recuperar cuanto antes la credibilidad de la gestión fiscal. El gobierno tiene que estar dispuesto a usar el capital de las elecciones y abordar la cuestión, principalmente la indexación del presupuesto", dijo a Estadão Daniel Couri, consultor de Presupuesto del Senado.

La economista Selene Peres Nunes, una de las autoras de la Ley de Responsabilidad Fiscal, afirma que no ve salida sin tocar jubilaciones, asistencia, salud y educación. Sin embargo, defiende que el ajuste venga acompañado de un recorte de privilegios salariales y de una reforma administrativa que alcance el "piso de arriba", los funcionarios y autoridades con los salarios más altos.

El reloj corre en contra del presidente número 44 del país. Como mostró Estadão, el propio gobierno de Lula proyectó que, si nada se hace, faltará dinero para los gastos no obligatorios, como inversiones y el funcionamiento de la máquina pública, a partir de 2028.