Catorce candidatos de las elecciones de 2026 en Brasil concentran más de R$ 100 millones en multas ambientales aplicadas en los últimos diez años por el Ibama, la agencia federal de fiscalización ambiental, y el ICMBio, que administra las unidades de conservación. Los datos son de un levantamiento de la Ascema Nacional, asociación que representa a los servidores de la carrera de medio ambiente, publicado por el portal g1. La lista reúne candidatos a diputado estatal y federal, al Senado, a gobernador y a suplentes, y solo considera a quienes acumulan individualmente al menos R$ 1 millón en multas.
Las infracciones van desde la destrucción de vegetación nativa y la deforestación hasta la explotación de áreas protegidas y la operación de actividades potencialmente contaminantes sin licencia. Siete de los 14 candidatos registran multas en el estado de Pará, sobre todo en Altamira y São Félix do Xingu, dentro o en los bordes del Área de Protección Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, una de las zonas de la Amazonía más afectadas por la deforestación ilegal en los últimos años. El perfil predominante entre los multados, según el levantamiento, es el de hombres, empresarios y profesionales del agronegocio en municipios del llamado arco de la deforestación.
Las mayores multas están en la Amazonía
Daniel Messac de Morais encabeza la lista. Candidato a diputado estatal en Goiás por el partido Mobiliza y servidor público federal, tiene cuatro multas que suman R$ 60,7 millones. La mayor, de R$ 50 millones, fue aplicada en octubre de 2020 en São Félix do Xingu por infracción a la flora. Según el acta, hubo destrucción con fuego de más de 5 mil hectáreas en el bioma amazónico, en el interior del APA Triunfo do Xingu. La cobranza está suspendida por decisión judicial, sin depósito ni acuerdo de ajuste de conducta. Hay además dos multas de julio de 2019, en Altamira, de R$ 2,1 millones y R$ 500 mil, y otra, de noviembre de 2021, de R$ 8 millones, por quemar más de 530 hectáreas de bosque en la misma área protegida. Según el g1, Messac también fue arrestado preventivamente en un desdobramiento de la Operación Poltergeist, que investigó la contratación de empleados fantasmas.
Entre Messac, Ulisses Vieira y Tobias Laurindo, las multas con cobranza suspendida suman más de R$ 54 millones. Wallace Lopes, representante de la Ascema Nacional, explicó qué significa eso en la práctica. "Hay una discusión judicial en curso y la cobranza administrativa fue suspendida por determinación de la Justicia", dijo.
"Mientras ocurre esa discusión, el infractor deja de sufrir algunas restricciones administrativas. En muchos casos puede seguir obteniendo crédito, contratando con el poder público y ejerciendo sus actividades con normalidad hasta la conclusión definitiva del proceso."
A continuación aparecen Romero Jatobá Cavalcanti Neto (PSB), con siete multas y R$ 17,5 millones, y José Lopes Junior (Republicanos), con 12 multas y R$ 8,2 millones, ambos candidatos a diputado estatal. La lista del g1 incluye también, entre otros, al candidato al Senado Antonio Galvan (Avante), con R$ 1,6 millones, y a Daniel Barbosa Santos (Podemos), candidato a gobernador, con R$ 1,4 millones. El g1 informa que contactó a todos los citados e incluyó en el reportaje las respuestas recibidas.
La multa no genera inelegibilidad
Tener una multa ambiental, aunque sea millonaria, no vuelve inelegible a una persona. La multa es una sanción de naturaleza administrativa o pecuniaria. La inelegibilidad ambiental con base en la ley Ficha Limpa (Ley Complementaria nº 64/1990) exige una condena penal definitiva, con tránsito en juzgado, o dictada por órgano colegiado, por crimen ambiental previsto en la ley. Una infracción o multa administrativa, por sí sola, no cumple ese requisito.
Cristiane Mazzetti, coordinadora del frente Desmatamento Zero de Greenpeace Brasil, dijo que el elector puede considerar el historial socioambiental del candidato como información relevante para evaluar una candidatura.
"Principalmente cuando se trata de candidatos a la reelección, integrantes de bancadas o de partidos con historiales recientes de desmantelamiento de la legislación ambiental, incluidas las salvaguardas que actúan en el monitoreo y la fiscalización, y que pueden beneficiarse del debilitamiento del control de estos crímenes ambientales."
El levantamiento completo de la Ascema Nacional, difundido por CartaCapital el 1 de septiembre, identificó a 240 candidatos ligados a 524 actas de infracción, con un valor nominal superior a R$ 213 millones, el 1,16% del universo de candidaturas. El PL es el partido con más candidatos multados, con 35 nombres, 64 actas y R$ 16,3 millones. La Democracia Cristã (DC) concentra el mayor valor acumulado, R$ 54 millones, con solo nueve candidatos. La primera vuelta de las elecciones está fijada para el 4 de octubre.