Brasil tenía 6.341 empresas en recuperación judicial en el segundo trimestre de 2026, un alza del 66% en tres años, según un relevamiento de la consultora RGF, especializada en reestructuración de empresas, citado en un análisis publicado por BBC News Brasil y republicado por G1 este jueves (27). Solo en lo que va del año, la lista de grandes compañías que recurrieron a la recuperación judicial o extrajudicial, el equivalente brasileño de la protección por quiebra del Capítulo 11 en Estados Unidos, ya incluye a Habib's, Casas Bahia, Marabraz, Braskem, Raízen, Oncoclínicas, el Grupo Toki (Tok&Stok y Mobly), el Grupo CVLB (Casa & Vídeo y Le Biscuit) y la cadena de supermercados St. Marché. El comercio minorista concentra el 21% de los casos, la mayor porción sectorial, seguido por la industria de transformación (19,6%) y el agronegocio (17,5%), según RGF.
En la recuperación judicial, todas las deudas de la compañía (laborales, fiscales, con proveedores y bancos) se renegocian bajo supervisión de la Justicia, el camino que sigue Americanas desde 2023. En la recuperación extrajudicial, la empresa negocia con un grupo de acreedores y luego homologa el acuerdo ante el Poder Judicial. Ambas figuras existen para evitar la quiebra, el desenlace que la Justicia decretó para la operadora Oi el martes pasado (25), tras años de intentos fallidos de reestructuración.
Los intereses altos y la morosidad aprietan los dos extremos de la cadena
Especialistas consultados por BBC News Brasil señalan tres factores combinados detrás de la ola. El primero es el costo del dinero: la tasa básica de interés, la Selic, está en 14% anual, lo que infla el pasivo de las empresas y reduce la oferta de crédito al consumidor. El segundo son errores de gestión, como los recortes amplios de cargos gerenciales en la última década, que concentraron las decisiones en pocas manos. El tercero es el cambio en el mercado laboral, con empresas que tienen dificultades para retener y formar personal. El comercio minorista sufre más porque depende del crédito en los dos extremos de la cadena: para pagar a los proveedores que llenan las estanterías y para financiar al cliente que compra a plazos.
"De un lado, están los factores externos a la compañía, como la dificultad de acceso al capital, los bancos restringiendo cada vez más las líneas de financiamiento y de capital de trabajo, el endeudamiento que subió mucho en la pospandemia, cuando la Selic pasó de 2% a 15%", dijo Fabian Salum, profesor titular e investigador de estrategias competitivas de la Fundação Dom Cabral (FDC).
Salum también cita el endeudamiento de las familias, con 39% de la población en mora, según datos presentados en el reportaje. "El retroceso del consumo hace que las empresas no alcancen sus metas. Con eso, reducen inversiones, incluida la capacitación del personal", afirmó el profesor, consejero de compañías de mediano y gran porte. En su evaluación, la causa del fenómeno "tiene una composición híbrida y parece lejos del fin".
El gobierno niega una crisis generalizada
El tema ganó peso político en vísperas de las elecciones de octubre, con adversarios del presidente Lula usando la fila de recuperaciones para criticar la conducción de la economía. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, reconoció en una entrevista a Globonews el día 21 que el comercio minorista está presionado por los intereses, pero negó una crisis generalizada. "Hay una serie de datos de la economía brasileña que muestran pujanza en varios sectores", dijo, atribuyendo la lectura de crisis al período electoral.
El caso más reciente muestra cómo la presión llega a la caja. Casas Bahia pidió recuperación judicial la semana pasada y, según la Folha de S.Paulo, alegó ante la 2ª Vara de Quiebras y Recuperaciones Judiciales de São Paulo que el Banco do Brasil debitó R$ 422 millones de sus cuentas tras honrar garantías accionadas por los proveedores Apple y Mapfre Seguros. El banco negó el débito en una manifestación ante la Justicia y acusó a la minorista de litigancia de mala fe. La recuperación de Casas Bahia todavía no fue aceptada por la Justicia.
Para los proveedores, la ola significa garantías ejecutadas, plazos de cobro más largos y criterios más duros para vender a crédito. Para el consumidor, el efecto aparece en el crédito a plazos más caro y más corto, en un país donde cuatro de cada diez adultos ya tienen el nombre en registros de morosos. Si la lista de recuperaciones sigue creciendo, como prevén los especialistas consultados por el reportaje, el ajuste tiende a bajar por la cadena: menos crédito para quien produce, menos plazo para quien compra.