Entró en vigor esta semana la ley que crea el Redata, el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center de Brasil. El régimen suspende impuestos federales para empresas que instalan o amplían centros de procesamiento de datos en el país. Sancionada el 15 de septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la norma fue aprobada por el Senado el 1 de septiembre, tras tramitar como el proyecto de ley 278/2026, según el Ministerio de Hacienda, que enmarca el programa en su agenda de economía de bajo carbono.
Brasil tiene unos 200 centros de datos y el 60% de los datos de los brasileños está almacenado fuera del país, según esa cartera. La inteligencia artificial elevó la demanda de capacidad y los costos del sector: según cálculos de las empresas recogidos por g1, la estructura de un centro de datos estándar de IA cuesta, en promedio, US$ 1.000 millones, y los equipos, la parte más cara del proyecto, entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones. "Cualquier video que veamos, cuando hacemos una transacción por Pix, por ejemplo (...) es porque hay un centro de datos como este sosteniendo toda esa operación", dijo a Jornal Nacional Marcos Siqueira, vicepresidente de una empresa del sector. El Pix es el sistema de pagos instantáneos de Brasil.
Cómo funcionan los incentivos
El Redata suspende por cinco años el Impuesto de Importación, el IPI (un impuesto federal sobre productos industrializados) y el PIS/Cofins en la compra, dentro o fuera del país, de componentes electrónicos y bienes de tecnología de la información y comunicación. Según la publicación especializada Capacity, el IPI sobre esos productos varía del 5% al 30% según el código arancelario y supera el 300% en rubros específicos; en la importación de bienes, PIS y Cofins suman 11,75%. La adhesión depende de autorización del Ministerio de Hacienda y exige estar al día con los impuestos federales. El régimen nació de una medida provisoria dictada en mayo de 2025, retirada del Congreso en febrero de 2026 y reenviada como proyecto de ley con el mismo contenido, según Capacity. La aprobación en la Cámara de Diputados previó una renuncia fiscal de R$ 7.000 millones en tres años.
"Es un 26% más caro instalar un centro de datos en Brasil que una inversión del mismo tamaño en Estados Unidos. Con la aprobación del Redata, esa desventaja cae al 17%", afirmó Tatiana Ribeiro, directora ejecutiva del grupo Movimento Brasil Competitivo, citada por g1.
Contrapartidas y riesgos
Los beneficios traen condiciones. La empresa debe cubrir toda su demanda contractual de electricidad con contratos de suministro o autoproducción a partir de fuentes renovables o de baja emisión, como solar, eólica e hidroeléctrica; cumplir un índice de eficiencia hídrica de hasta 0,05 litros de agua por kWh en la refrigeración; destinar al menos el 10% del suministro de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos al mercado interno; e invertir en el país el equivalente al 2% del valor de los productos comprados con el beneficio, incluida investigación con universidades y empresas brasileñas y capacidad reservada para instituciones nacionales. El consumo de energía es el punto de atención: un centro de datos estándar de IA puede consumir hasta 15 veces más energía que uno convencional del mismo tamaño, según g1.
"Tenemos la posibilidad de, hasta 2030, cuadriplicar o quintuplicar el parque instalado de centros de datos en Brasil", afirmó a g1 Luís Tossi, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Data Center. El parque instalado hoy es de unos 1 gigavatio de carga de TI, y entre el 90% y el 95% de los centros ya construidos en el país usan refrigeración de circuito cerrado, que no consume agua, tecnología que también es estándar en los proyectos nuevos, según él.
Para las operadoras y los fabricantes de equipos, el régimen reduce el costo de capital de los proyectos; para los vendedores de energía, abre un mercado de contratos de largo plazo en fuentes limpias. Del otro lado están los consumidores de servicios digitales, del Pix al streaming, que pueden ganar capacidad instalada en el país y menos dependencia de servidores en el exterior, y los contribuyentes, que financian la renuncia estimada en R$ 7.000 millones en tres años. "Sin él, el desarrollo continúa, pero a un ritmo más lento", dijo a Capacity, en febrero, Elena Winters, vicepresidenta de negocios internacionales de Elea Data Centers.