El sector de saneamiento básico en Brasil proyecta celebrar al menos 31 subastas de concesiones y asociaciones público-privadas en los próximos años, con inversiones estimadas en 66.300 millones de reales. Los datos provienen de un relevamiento de la Asociación Brasileña de Concesionarias Privadas de Servicios Públicos de Agua y Alcantarillado (Abcon), publicado por Folha de S.Paulo. Los procesos abarcan 631 municipios en estados como San Pablo, Goiás y Ceará, con la meta legal de alcanzar 99% de cobertura de agua potable y 90% de tratamiento de aguas residuales para finales de 2033.
Esta cartera de proyectos sucede a las grandes privatizaciones estatales, como las ventas de Sabesp en San Pablo y Copasa en Minas Gerais. Desde la aprobación del Marco Legal de Saneamiento en 2020, gobiernos estatales y municipios completaron 70 subastas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) estructuró 20 de esos procesos en diez estados. La atención del mercado se traslada ahora a bloques regionales y contratos municipales que no formaron parte de las primeras licitaciones.
Bloques regionales concentran las inversiones
Siete de las 31 licitaciones previstas corresponden a paquetes regionales que concentran la mayor parte de los recursos. Entre los proyectos principales figuran la concesión de Rondônia, que abarca 40 municipios y 1,2 millones de habitantes, y el programa Universaliza SP, diseñado para 146 ciudades paulistas fuera del área atendida por Sabesp, con 7,8 millones de beneficiarios. La agenda incluye también subastas en Alagoas, Espírito Santo, Río Grande del Norte, Goiás y Ceará entre finales de 2026 y 2028.
Algunos proyectos atraviesan revisiones de modelado financiero antes de salir al mercado. En Goiás, la empresa estatal Saneago reprogramó su licitación de asociaciones público-privadas para 216 municipios para el primer semestre de 2027, tras descalificar al único consorcio oferente en marzo. La compañía recalcula costos de capital, gastos operativos y el impacto de la reforma tributaria. En Ceará, la empresa estatal Cagece espera la aprobación del Tribunal de Cuentas para relicitar cuatro bloques que quedaron desiertos en junio.
Para la cadena industrial, la adjudicación de estas obras asegura una demanda sostenida de tuberías, bombas, plantas de tratamiento y servicios de ingeniería pesada durante la próxima década. Para los usuarios de los municipios licitados, el esquema de concesión establece cronogramas obligatorios de inversión, con tarifas reguladas y vinculadas a la entrega de infraestructura de agua tratada y saneamiento.