El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil celebra este martes (25) el segundo y último día de una audiencia pública para discutir los puntos cuestionados de la Ley Antifacción (Ley 15.358/2026), el nuevo marco legal de combate al crimen organizado aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en marzo. El debate es conducido por el ministro Alexandre de Moraes, relator de las cuatro acciones que piden declarar inconstitucionales diversos dispositivos de la ley, y reúne a 48 autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil en la sala de sesiones de la Primera Sala del tribunal, con transmisión por la TV Justicia y por el canal de la corte en YouTube.
La ley es objeto de las acciones directas de inconstitucionalidad (ADI) 7952, 7956, 7957 y 7958, presentadas por la Asociación Nacional de Prefectos y Viceprefectos (ANPV), la Asociación Brasileña de Abogados Criminalistas (Abracrim), la Unión Nacional de Abogadas Criminalistas y Académicas de Derecho (Unaa) y la Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público (Conamp). Según el STF, las manifestaciones recogidas en los dos días de audiencia servirán de base para el juicio de las acciones por el pleno de la corte, que aún analizará los puntos impugnados.
En la apertura de los trabajos, el lunes (24), Moraes defendió la cooperación entre policías y estados y afirmó que no es posible enfrentar el crimen organizado de forma puntual, al estilo de "cada estado hace lo suyo". "Las organizaciones criminales hoy son interestatales, internacionales. Si no hay coordinación, cooperación, no vamos a avanzar", dijo. El decano de la corte, el ministro Gilmar Mendes, señaló lo que llamó la paradoja de una criminalidad organizada a escala nacional enfrentada por un Estado que aún actúa de forma fragmentada. Moraes también afirmó que el simple aumento de las penas no es suficiente para reducir la criminalidad: "Brasil encarcela mucho, pero lamentablemente encarcela mal".
Puntos cuestionados
Las acciones impugnan, entre otros dispositivos, la creación de delitos con conceptos considerados vagos y penas que pueden llegar a 60 años para líderes de organizaciones criminales ultraviolentas; la prohibición de la libertad condicional y el fin del auxílio-reclusão, un beneficio pagado a los dependientes de personas presas, para los condenados por el delito de dominio social estructurado; la presunción de necesidad de prisión preventiva en esos casos; y el juzgamiento de los homicidios cometidos por integrantes de esas organizaciones por salas colegiadas de jueces, y no por el tribunal del jurado. También se cuestionan la pérdida, el bloqueo y la venta anticipada de bienes antes de la sentencia definitiva, la inclusión de nombres en un banco nacional de datos de organizaciones ultraviolentas con presunción de vínculo y el monitoreo y la grabación de los encuentros de presos con visitantes y con abogados.
Manifestaciones
Este martes, Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, de la ANPV, afirmó que, en la práctica, las penas previstas en la ley equivaldrán a prisión perpetua y calificó de inconstitucional el monitoreo de la comunicación entre abogado y cliente. "Combatir el crimen organizado es un deber innegociable del Estado. Castigar es necesario, pero ningún objetivo legítimo transforma medios inconstitucionales en constitucionales", dijo, según el portal G1.
En sentido contrario, el fiscal Vladimir Aras, que habló en nombre de la Asociación Nacional de Fiscales de la República (ANPR), defendió las medidas patrimoniales previstas en la ley, como la pérdida de bienes sin condena definitiva. "Estamos ante herramientas que son extremadamente importantes para la asfixia económica del crimen", afirmó. Helena Morgado, representante de las defensorías públicas estaduales y distrital, pidió que la corte revise las penas, que calificó de desproporcionadas, y sugirió el uso de sanciones de delitos correlatos ya previstos en el ordenamiento jurídico, como en la Ley de Genocidio. El lunes por la noche, Moraes también reunió a presidentes de tribunales en el STF para discutir la actuación del Poder Judicial ante la nueva realidad del crimen organizado, según la asesoría del tribunal.