Los llamados supersalarios han entrado en la carrera presidencial de Brasil. Un sondeo de g1 publicado el 21 de septiembre resume lo que cada candidato al Planalto propone para contener salarios y beneficios del funcionariado, a menos de un mes de la elección. El tope mensual para los servidores públicos es de 46.400 reales, el equivalente al sueldo de un ministro del Supremo, pero verbas indemnizatorias, gratificaciones y otros beneficios permiten pagos muy por encima de ese límite.
El senador Flávio Bolsonaro (PL), de la oposición, incluye en su plan el "combate a los penduricalhos y supersalarios" como eje de lo que llama eficiencia fiscal del Estado. Propone una reforma administrativa para modernizar la carrera de los servidores y reducir gastos administrativos. El plan del presidente Lula (PT) no menciona directamente el tema, según el sondeo. El petista prioriza la valorización del servidor de base, la realización de concursos públicos y el diálogo con los sindicatos a través de la Mesa Nacional de Negociación Permanente.
Ronaldo Caiado (PSD) propone aplicar el tope constitucional con eficacia en todos los poderes y órganos, con transparencia de las parcelas salariales y responsabilización por pagos incompatibles con la Constitución. Renan Santos (Missão) incluye el "fin de los supersalarios" en su propuesta de PEC del Equilibrio Fiscal para contener gastos obligatorios. Edmilson Costa (PCB) defiende el "fin de todas las verbas y penduricalhos que superen el tope constitucional" en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) propone el paquete más amplio: regular las verbas indemnizatorias cobradas por encima del tope, limitar las vacaciones a 30 días en todas las carreras, eliminar auxilios sin equivalente en el sector privado y acabar con la jubilación compulsoria como castigo. Los cambios llegarían por una reforma administrativa amplia, con criterios fijos de evaluación, unificación de carreras, reducción de cargos y contrataciones por tiempo determinado. Los planes de Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC) y Hertz Dias (PSTU) no mencionan directamente el tema, según el g1.
La dimensión del problema
Solo en 2025, esos adicionales costaron más de 10.000 millones de reales a las arcas públicas, según el sondeo. En una carta divulgada en agosto, especialistas de la Fundación Getulio Vargas (FGV) sostienen que los supersalarios se convirtieron en "el piso efectivo de las carreras jurídicas de élite".
"La Enmienda Constitucional 41/2003 estableció que ningún servidor debería recibir por encima del subsidio de un ministro del Supremo. Dos décadas después, ese límite se invirtió. El incumplimiento es la regla, no la excepción: alcanza al 85,1% de la magistratura, al 89,1% del Ministerio Público, al 72,2% de las defensorías y al 52,8% de la abogacía pública", afirma Luiz Guilherme Schymura, investigador y doctor en economía por la FGV.
Una decisión repartida entre el STF y el Congreso
En el Supremo Tribunal Federal (STF), los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin son relatores de procesos sobre el tema. En agosto, Moraes ordenó que siete tribunales de justicia devolvieran valores que consideró "exorbitantes". El periódico O Globo informó que la orden alcanza a jueces de seis estados y del Distrito Federal.
La decisión final no depende solo del próximo presidente. La regulación fijada por el STF exige que el Congreso Nacional apruebe una ley con reglas definitivas para la remuneración del funcionariado. Los procesos siguen abiertos en el tribunal mientras los brasileños votan en el primer turno, en octubre.