El gobierno federal de Brasil informó al Supremo Tribunal Federal (STF) que el pago de precatórios sin peritajes técnicos puede alcanzar R$ 255.300 millones en 2026 y pidió la suspensión de acciones indemnizatorias sobre precios del sector azucarero-alcoholero. La manifestación de la Advocacia-Geral da União (AGU), el órgano jurídico del gobierno, fue presentada en Brasilia y revelada por G1 este jueves (8). El documento también pide bloquear el pago, el retiro o la transferencia a los beneficiarios de valores de precatórios ya expedidos en esos casos.
Los precatórios son requisiciones de pago de deudas del poder público reconocidas por la Justicia tras el cierre definitivo de una demanda, cuando ya no cabe recurso. En el centro de la disputa están las indemnizaciones reclamadas por usinas de azúcar y alcohol por perjuicios atribuidos a la política de fijación de precios del antiguo Instituto del Azúcar y del Alcohol (IAA), el organismo estatal que regulaba el sector en las décadas de 1980 y 1990.
El argumento de la AGU
La AGU sostiene que el entendimiento ya fijado por el STF para las fases de liquidación y ejecución, según el cual es "imprescindible la comprobación del efectivo perjuicio económico, mediante peritaje técnico en cada caso concreto" para reconocer la responsabilidad civil de la Unión, debe extenderse también a las acciones indemnizatorias. Para el órgano, corresponde al pleno de la Corte uniformizar la tesis y, hasta entonces, deben quedar suspendidas las acciones del sector azucarero-alcoholero en las que la controversia siga pendiente.
Según el cálculo enviado al Supremo, la continuidad de las ejecuciones y la posibilidad de expedición y pago de precatórios sin individualización técnica pueden generar un impacto de R$ 255.310.838.187,56 a las arcas de la Unión en 2026. El levantamiento consideró solo procesos del sector azucarero-alcoholero en fases de liquidación, ejecución o embargos a la ejecución, dejando fuera los que aún tramitan en la fase inicial de conocimiento.
Gilmar Mendes, Fux y el rastro del Banco Master
El pedido fue presentado en una acción cuyo relator es el ministro Gilmar Mendes, que ya envió al pleno el debate sobre la necesidad de peritaje. El ministro Luiz Fux, por su parte, pidió más tiempo para analizar la ratificación de esa decisión en un juicio en la Segunda Sala del STF. Mendes ya afirmó que "usinas obtuvieron condenas de la Unión por precios fijados por el antiguo Instituto del Azúcar y del Alcohol en los años 1980 y 1990 con base en estudios genéricos, sin el peritaje individual exigido por el entendimiento del STF".
Los precatórios del sector azucarero-alcoholero pasaron a recibir atención redoblada del gobierno y del Poder Judicial después de que surgieron sospechas de que esos créditos fueron usados en esquemas del Banco Master, el banco en el centro de una investigación de fraude multimillonaria en Brasil. Una de las hipótesis investigadas es que el banco adquiría créditos judiciales contra la Unión con grandes descuentos, registraba los activos por valores muy superiores y los utilizaba como garantía para captar recursos en el mercado. Con el pedido de la AGU, la palabra final sobre la suspensión de los pagos queda ahora en manos del pleno del STF, que deberá definir si cada usina tendrá que probar, caso por caso, el perjuicio que dice haber sufrido.