El vicealcalde de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, del partido PL, dijo al Ministerio Público estatal que advirtió a la gestión del alcalde Ricardo Nunes, incluido el propio alcalde, sobre un "sangrado de dinero público" en el contrato de alumbrado de la capital paulista. Las declaraciones forman parte del testimonio que prestó el martes (25), según Folha de S.Paulo.
Araújo fue escuchado por los fiscales Karyna Mori y Silvio Antonio Marques en una pesquisa que investiga posible improbidad administrativa de agentes y exagentes públicos en la conducción del contrato. En su testimonio, el vicealcalde defendió la reducción inmediata de los pagos a la concesionaria y la reanudación urgente de la licitación que dio origen a la concesión.
La disputa en la licitación
El contrato nació de una licitación internacional abierta en 2015 para una asociación público-privada. La empresa Ilumina SP fue contratada en 2018. En el centro de la disputa está la exclusión del consorcio Walks, que propuso ejecutar el servicio por cerca de R$ 5.600 millones en 20 años, un valor aproximadamente R$ 1.300 millones menor que el de la ganadora, según Folha. Ilumina SP niega haber sido favorecida y afirma que las cuestiones de la licitación ya fueron investigadas y aclaradas.
Consultada por el diario, la gestión Nunes respondió con una nota en la que enumera decisiones judiciales cumplidas en secuencia hasta la reapertura de la licitación, autorizada por la Justicia a mediados de este año. La alcaldía afirma que el regulador municipal SP Regula reabrió la licitación en junio y que "es equivocada cualquier afirmación de que el municipio estaría incumpliendo una decisión judicial firme". La administración rechaza que el contrato vigente sea irregular.
Un día después del testimonio de Araújo, el 14º Juzgado de Hacienda Pública dio a la alcaldía un plazo de 15 días para comprobar medidas de cumplimiento de una sentencia sobre el caso, según G1. La decisión, de la jueza Nathalia Christina Caputo Gomes, determina la reanudación de la licitación de 2015, la reinclusión inmediata del consorcio Walks y la anulación de los actos administrativos que excluyeron al grupo. La jueza admitió la posibilidad de multa diaria en caso de incumplimiento.
La pesquisa sigue en curso en la Fiscalía del Patrimonio Público y Social, que obtuvo este mes el bloqueo de bienes de investigados, según la propia nota de la alcaldía. Los próximos pasos son el plazo de 15 días fijado por la Justicia para que la alcaldía pruebe el cumplimiento de la sentencia y la continuidad de los testimonios en la investigación del Ministerio Público.