Los ministros Cristiano Zanin y Dias Toffoli del STF (Supremo Tribunal Federal, la corte suprema de Brasil) votaron este jueves (27) por mantener la regla del Marco Civil de Internet, la ley brasileña de derechos en internet de 2014, que exige una orden judicial para que los proveedores compartan datos de usuarios con las autoridades. Fueron los únicos en votar antes de que el juicio fuera suspendido sin fecha de reanudación, según Folha de S.Paulo y el portal de telecomunicaciones TeleSíntese. El marcador de 2 a 0 es, por tanto, provisional.
El caso en discusión es la ADC 91, una acción presentada por Abrint, la asociación que reúne a los proveedores brasileños de internet. La entidad pide que el STF reconozca que identificar a una persona cruzando dirección IP, fecha, hora y huso horario con datos de registro depende de autorización judicial. Piénsalo así: preguntar a una operadora quién vive en cierta dirección es una cosa; rastrear una IP es otra muy distinta, porque la IP funciona como la matrícula de un coche de alquiler. La matrícula sola dice poco, pero cruzada con los registros de dónde estuvo el coche, revela buena parte de tu vida digital.
En su voto, el relator Zanin separó dos categorías. Los datos básicos de registro, como nombre, filiación y dirección, pueden ser solicitados directamente por las autoridades en los casos previstos en la ley. Los registros de conexión, que según el Marco Civil incluyen la propia dirección IP, exigen orden judicial. "La requisición directa de datos de registro presupone la identificación previa del usuario. No puede ser el instrumento de la propia identificación", afirmó el relator, según TeleSíntese. Toffoli acompañó el voto, incluso tras ajustes en la redacción de la tesis.
Zanin abrió una excepción para situaciones de peligro inminente que involucren bienes jurídicos de alto valor y configuren estado de necesidad. En esos casos, la policía o el Ministerio Público podrían pedir los datos directamente, siempre que el procedimiento quede documentado y sea sometido después al Poder Judicial. El relator resumió su posición en una frase:
"La regla es la orden judicial, porque así lo quiso el legislador. La excepción es la urgencia justificada."
Conviene mirar los incentivos de cada parte. Para Abrint, que defendió en la audiencia una regla aún más estricta, sin la excepción de emergencia, el problema es la responsabilización. Los proveedores llevan más de una década recibiendo pedidos de autoridades que tratan la información asociada a IP como simples datos de registro, y cada empresa que acepta o rechaza esos pedidos se expone a demandas. Una regla uniforme del STF quita ese riesgo de encima de compañías cuyo negocio depende de la confianza del cliente en que sus datos no circulan sin control. Del otro lado, policías y fiscales buscan agilidad en las investigaciones, porque cada paso judicial suma tiempo a averiguaciones que muchas veces corren contra el reloj y contra la volatilidad de los registros.
Lo que aún no sabemos
El juicio fue suspendido tras los dos votos y, según TeleSíntese, el presidente de la corte avisó que el análisis no continuará la próxima semana. Nueve ministros aún deben votar, y la redacción final de la excepción de urgencia puede cambiar: el propio Toffoli dijo que inicialmente propuso una fórmula distinta antes de sumarse a la del relator. Nada está decidido.
En la práctica, nada cambia ahora para el usuario: la regla que exige un juez para rastrear una IP sigue vigente. Lo que vale la pena seguir es el regreso del caso a la agenda y, sobre todo, la amplitud final de esa excepción de urgencia, porque ahí reside el riesgo de que la regla quede en letra muerta. Si "urgencia justificada" queda demasiado amplia, el portón judicial que el Marco Civil levantó en 2014 puede convertirse en una puerta giratoria.