El gobierno de Donald Trump ya ha deportado a casi 25.000 personas a países que no son los suyos, según un reportaje de Fantástico, el programa periodístico de la cadena brasileña Globo, emitido el domingo. Los destinos incluyen democracias como Costa Rica y Liberia, y regímenes inestables o autoritarios como El Salvador, Esuatini, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Guinea Ecuatorial. Todos reciben millones de dólares de Washington por aceptar a los inmigrantes.
La mayoría de los deportados había pedido asilo en Estados Unidos alegando riesgo de violencia o persecución política en sus países de origen. Como la justicia estadounidense suele impedir que sean devueltos a casa, el gobierno empezó a enviarlos a terceros países mediante contratos remunerados. Según datos del proyecto Third Country Deportation Watch recopilados por Folha de S.Paulo, solo Guinea Ecuatorial, que ya aloja a decenas de inmigrantes de otros países africanos, ha recibido seis vuelos con al menos 53 inmigrantes de otras nacionalidades desde el año pasado. Las agencias Reuters y Al Jazeera informaron en agosto que venezolanos y cubanos estaban entre los enviados a Liberia, que esperaba recibir hasta 1.200 personas.
Para Brasil, la política llegó en agosto y dejó al descubierto un vacío de información. El Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Itamaraty, afirmó que no recibió aviso previo en ninguno de los casos de brasileños enviados a países africanos. En el caso del pernambucano Pietro Graza de Lima, de 57 años, la cartera solo supo el 25 de agosto que estaba en Guinea Ecuatorial, y desde entonces pide autorización para prestar asistencia consular. El miércoles 2, el embajador de Brasil en el país africano fue informado de que él "está en buena situación de salud, hospedado en un hotel determinado por las autoridades" y de que "una visita será facilitada en los próximos días". Brasil recibe casi semanalmente vuelos con decenas de deportados brasileños de Estados Unidos, pero en estos envíos a terceros países el canal de aviso no funcionó.
Un vuelo de 16 horas hasta Liberia
Paola Santos, de 21 años y oriunda de Minas Gerais, llevaba cinco años limpiando obras en Massachusetts cuando fue detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés), la policía migratoria del país. Había entrado de forma irregular por la frontera con México y dice que tenía permiso de trabajo. Tras un operativo, pasó un año y tres meses detenida, en cárceles de Massachusetts, Connecticut, Vermont, Texas y Luisiana, hasta subir a un avión a fines de agosto con destino desconocido, esposada de pies, manos y cintura. Solo descubrió dónde estaba después de 16 horas de vuelo, cuando escuchó de la inmigración local: "Bienvenidos, están en Liberia". Al preguntar por el destino, un agente le dijo: "Si no baja por voluntad propia, vamos a tener que hacer uso de la fuerza". El Itamaraty señaló que no recibió notificación sobre su caso, "ni por parte de los estados supuestamente involucrados en la deportación, ni por parte de la nacional o su familia".
Pietro fue puesto el 20 de agosto en un vuelo hacia Liberia junto con cubanos y cameruneses, después de que un juez estadounidense negara una orden de restricción temporal contra su expulsión, según la Folha. Al aterrizar, él y un pequeño grupo de inmigrantes se negaron a bajar del avión. "Nos quedamos con hematomas en el cuerpo, nos arrojaron prácticamente a la pista", relató. Un representante de Liberia dijo que el país no aceptaría al grupo; el avión despegó de nuevo y aterrizó en Guinea Ecuatorial, donde los inmigrantes fueron retirados y llevados a un hotel semiabandonado que, según la Associated Press, solo recibe sospechosos de contagio de ébola y deportados de la inmigración estadounidense. En el país, relata Fantástico, permanecen vigilados y sin libertad para circular, y no hay fecha prevista para su regreso.
"Entre 10 y 20 policías encapuchados, con armas pesadas, nos estaban esperando. Ese fue el peor momento de mi vida. Nos miramos y dijimos: 'No sirve de nada resistirse'."
Un tercer brasileño intenta evitar África
Un tercer brasileño intenta escapar del mismo destino. Alex Pereira Alves, que vive en Los Ángeles, pidió asilo en EE.UU. hace diez años alegando persecución en Brasil por ser homosexual. Convocado en abril, recibió un monitor electrónico; el 12 de agosto fue detenido cinco minutos después de presentarse ante la inmigración, según su abogada, Jane Oak. Detenido en Adelanto, California, pide ser deportado a Brasil y no a Guinea Ecuatorial. "Él cree que, diez años después, la sociedad brasileña cambió y se sentiría más seguro", dijo la abogada. El impasse deja a la vista los intereses en juego: Washington quiere sacar a personas que su justicia no le permite devolver a sus países de origen, los gobiernos que las reciben quieren los recursos de los contratos, y Brasil quiere, por ahora, ser avisado y poder visitar a sus nacionales.