R$ 10.000 millones. Eso es lo que el gobierno federal ya recortó de los gastos obligatorios en el Presupuesto de 2027, aprobado por el Congreso hace dos semanas, según el ministro de Hacienda. En la práctica, son unos R$ 47 por brasileño que dejarían de salir de las arcas públicas el año que viene.

La promesa de ir más allá en ese ajuste fue hecha este viernes (28) por Dario Durigan, ministro de Hacienda y portavoz económico de la campaña de reelección del presidente Lula. En entrevista con C-Level, el videocast semanal del diario Folha de S.Paulo, dijo que el presidente, si es reelegido en octubre, quiere desgravar la nómina salarial de todos los sectores para abaratar el costo de contratar en Brasil. La propuesta prevé migrar el impuesto que hoy recae sobre los salarios hacia la facturación de las empresas.

Cómo funcionaría la desgravación

Desgravar la nómina es liberar a las empresas de la contribución a la seguridad social que pagan sobre los salarios. Hoy, por cada R$ 1.000 de nómina, el empleador paga R$ 200 al INSS, el instituto de la seguridad social brasileña, además de otros cargos. La idea del gobierno es cambiar ese impuesto por una alícuota sobre la facturación, es decir, los ingresos brutos de la empresa por ventas y servicios.

Durigan afirmó que la versión anterior de la desgravación, extinguida por el propio gobierno, tenía un defecto: favorecía a sectores elegidos. El nuevo modelo, dijo, sería general e igual para todos, dentro de una discusión más amplia de reforma tributaria corporativa.

"Estoy dispuesto a discutir la cuestión de migrar la tributación de la nómina hacia algún otro parámetro, como la facturación. ¿Cuál era el problema de la desgravación de la nómina que luchamos por acabar y conseguimos? Elegía sectores. Es hora de hacer una discusión de reforma tributaria más general sobre la tributación corporativa", dijo el ministro.

En el frente del gasto, Durigan aseguró que Lula se comprometió a revisar los gastos obligatorios, que son aquellos con reajuste garantizado por ley, incluidos los beneficios sociales, y a crear nuevos frenos de contención. Según Brasil 247, el plan prevé disparadores para contener los gastos de personal ya a partir del próximo año. "El trabajo del ministro de Hacienda de un próximo gobierno de Lula es mejorar todos los días la condición fiscal reduciendo el gasto obligatorio", afirmó.

El ministro también defendió el arcabouço fiscal, la regla que hoy permite al gasto público crecer hasta un 2,5% por encima de la inflación. "El marco fiscal funcionó. Hicimos crecer el gasto en el país, pero a un ritmo menor que la recaudación", dijo, al admitir que los parámetros pueden ajustarse para garantizar la caída de la deuda pública.

Entre los ejemplos de contención, Durigan citó el BPC, el beneficio pagado a ancianos y personas con discapacidad en situación de pobreza: según él, entre el 25% y el 30% de las concesiones venían haciéndose por vía judicial, sin estandarización, y el gobierno cerró una alianza con el Consejo Nacional de Justicia y adoptó la identificación biométrica para ordenar el registro.

El ministro también rechazó la tesis de que la economía atraviesa una crisis, pese a los pedidos de recuperación judicial de empresas como la minorista Casas Bahia y la cadena de restaurantes Habib's, y acusó a la oposición de explotar los casos políticamente. Según Brasil 247, también exigió recortes en la Selic, la tasa básica de interés, que encarece el crédito para quien financia un auto, una casa o capital de trabajo.