Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, articula en Washington una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra autoridades brasileñas. Él y el empresario Paulo Figueiredo se reunieron el miércoles y el jueves (16 y 17) con integrantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, el organismo que conduce la política exterior de Estados Unidos. La ofensiva llega a 17 días de la elección presidencial brasileña, programada para el 4 de octubre.
El pedido central, según la BBC News Brasil, es que el gobierno de Donald Trump retome las sanciones financieras contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y las extienda a los ministros Flávio Dino y Gilmar Mendes. Las medidas se apoyarían en la Ley Global Magnitsky, que castiga a extranjeros por graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Moraes y su esposa fueron sancionados en julio del año pasado y salieron de la lista en diciembre, tras una negociación entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Trump. La ley lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, muerto bajo custodia en 2009, y se amplió en 2016 para alcanzar a funcionarios de cualquier país.
Lo que está en juego para Brasil
Para Brasil, el viaje tiene un ingrediente electoral. Ante periodistas frente al Departamento de Estado, Eduardo sugirió que el STF podría no reconocer una eventual victoria de su hermano, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL), aunque el tribunal no se haya manifestado en ese sentido. "Si entienden que la elección de Flávio es un acto de golpismo, Estados Unidos puede perfectamente no reconocer la elección brasileña y sancionar individualmente a esos ministros", dijo, según CNN Brasil. Las declaraciones llegaron dos días después de una sesión tensa del tribunal, el martes (15), sobre la apertura de una investigación contra Moraes por su relación con el banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master. El pedido partió del ministro André Mendonça, y el juicio terminó sin decisión, suspendido tras una solicitud de plazo de Dino. Según la BBC, el caso estuvo en la agenda de las reuniones de esta semana con el Departamento de Estado.
Intereses y agenda en Washington
En el mapa de intereses de la capital estadounidense, Moraes es objetivo antiguo de críticas de aliados de Trump, como el empresario Elon Musk, que lo acusan de censura y de restringir la libertad de expresión. Según la BBC, Eduardo y Figueiredo tienen interlocutores en un ala del gobierno estadounidense considerada más ideológica y alineada con la derecha, que disputa con un grupo más pragmático la atención de Trump en el tema Brasil. Ambos dijeron a CNN Brasil que se reunieron con "altas autoridades", pero que no revelarán nombres mientras el gobierno estadounidense no divulgue los encuentros. El martes, el congresista republicano Chris Smith, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidiendo que haga seguimiento de la crisis en el STF y de la relación entre Moraes y Vorcaro.
El combate al crimen organizado también entró en la agenda. Eduardo y Figueiredo prometieron que, si Flávio Bolsonaro gana, Brasil pasará a integrar el Escudo de las Américas, la coalición antinarcóticos de Trump que reúne a más de veinte países de América del Sur y el Caribe, y dijeron que el tema de los aranceles quedaría para una negociación futura. La visita coincidió con la divulgación, por el Departamento de Estado, de un informe firmado por Trump que acusa al gobierno brasileño de "fallar" en el combate a las facciones Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).
Eduardo también se definió como "disidente", al comentar un documento revelado el jueves por el diario O Estado de S. Paulo en el que el gobierno Trump pedía el año pasado que las autoridades brasileñas permitieran la participación de "disidentes políticos" en la elección de 2026. En aquella ocasión, durante las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses, el lado brasileño rechazó los términos y recordó que no hay disidentes en el país, que es una democracia. Sobre el momento de eventuales nuevas sanciones, el exdiputado fue cauto: "No somos nosotros los que le decimos a Estados Unidos qué hacer y cuándo hacerlo. Si fuera así, Moraes seguiría sancionado."