Las conversaciones sobre una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra autoridades brasileñas han vuelto a ganar fuerza en Washington, según relatos de personas ligadas al gobierno del presidente Donald Trump recogidos por el medio brasileño Jovem Pan durante el fin de semana. No hay hasta ahora anuncio oficial de la Casa Blanca, del Departamento de Estado ni del Departamento del Tesoro, y las fuentes evitaron señalar fechas. El principal cambio percibido por el reportaje es que la discusión ya no se limita al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y pasó a incluir otros nombres de la corte.
En ese escenario, el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro (Partido Liberal, PL-SP), hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, afirmó este martes (15) que pretende llevar a autoridades estadounidenses registros de la sesión extraordinaria del STF que analizó la posible apertura de una investigación contra Moraes. "Tudo registrado e pronto para expor em DC onde, se Deus quiser, se iniciará uma nova rodada de sanções", escribió Eduardo en X, en referencia a Washington. Según un reportaje del diario Estadão reproducido por Jovem Pan, tendrá reuniones esta semana en la capital estadounidense precisamente para tratar la aplicación de nuevas sanciones contra el ministro. La agenda fue confirmada a la Gazeta do Povo por el periodista Paulo Figueiredo, pero los participantes no fueron divulgados.
Para Brasil, la declaración llega en el cruce de dos crisis: la mayor turbulencia del STF desde el regreso de la democracia, según la evaluación de expertos citados por el diario británico The Guardian, y la campaña para la elección presidencial del 4 de octubre, en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato frente al senador Flávio Bolsonaro. La sesión terminó sin decisión sobre la investigación después de que el ministro Flávio Dino pidiera vista, un pedido procesal que suspende el juicio para estudiar el expediente. Fue la primera vez, en 135 años de historia del tribunal, que el pleno debatió investigar a uno de sus propios miembros, como recordó el diario español El País.
El juego en Washington
En las conversaciones estadounidenses, el caso de Moraes sigue siendo el más avanzado porque buena parte del procedimiento técnico ya se realizó antes. Según un reportaje de UOL citado por Estadão, autoridades estadounidenses consultadas bajo reserva dijeron que nuevas sanciones con base en la Ley Global Magnitsky, norma que autoriza al gobierno estadounidense a castigar a agentes extranjeros por corrupción y violaciones de derechos humanos, podrían salir "en cualquier momento". El Departamento del Tesoro todavía considera válido el proceso que sustentó las sanciones anteriores, y una nueva decisión dependería del visto bueno del Departamento de Estado. Moraes fue sancionado en 2025; las medidas contra él, su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Instituto Lex fueron retiradas después por el gobierno estadounidense. Alcanzar a otros ministros exigiría repetir todo el proceso de análisis.
Los intereses de la familia Bolsonaro en el tema son directos. Eduardo ya es acusado, según Estadão, de haber actuado en Estados Unidos para presionar a autoridades estadounidenses a sancionar a funcionarios brasileños y, con eso, interferir en procesos que involucran a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por tramar un golpe fallido tras perder la elección de 2022, en un caso conducido por Moraes, como recordó The Guardian. Su hermano Flávio es investigado por presunta lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción en el financiamiento de la película "Dark Horse", dentro de los desdoblamientos de las sospechas de fraude atribuidas al banquero Daniel Vorcaro. En audios divulgados por The Intercept Brasil, Flávio pidió 134 millones de reales a Vorcaro para el proyecto; según la Policía Federal, se pagaron más de 60 millones de reales.
Presión externa y soberanía
En el tribunal, la amenaza de sanciones se convirtió en tema de la propia sesión. Dino calificó la discusión de "enorme gravedad jurídica y constitucional" y defendió que la corte no debe someterse a presiones. "Esse ambiente de pressão ilegítima deve constituir alvo de indignação não do tribunal, mas de todos os brasileiros", afirmó, dirigiéndose al presidente de la corte, Edson Fachin; la frase significa que ese clima de presión ilegítima debe indignar a todos los brasileños, y no solo al tribunal. "Essa toga pertence ao povo brasileiro, não nos pertence", añadió: esa toga pertenece al pueblo brasileño. El juicio que Eduardo quiere llevar a Washington solo trata de la posibilidad de profundizar las investigaciones sobre las relaciones de Moraes con Vorcaro. La culpa del ministro no está en juego en esta etapa. En redes sociales, el exdiputado acusó a Moraes de exigir derechos que habría negado a acusados en procesos bajo su conducción, criticó a Gilmar Mendes por sus cuestionamientos al ministro André Mendonça y llamó a Dino "bobo da corte", bufón de la corte.