El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil, el ministro Edson Fachin, ordenó este martes (29) que todos los tribunales del país endurezcan el control y la fiscalización de la emisión de precatórios, los títulos que representan deudas judiciales del poder público cuando pierde demandas. Uno de los principales objetivos de la decisión es frenar la emisión anticipada de precatórios irregulares, expedidos antes de que la sentencia quede firme, etapa conocida en Brasil como tránsito en julgado.

Según el diario Folha de S.Paulo, los tribunales tendrán que informar la eventual existencia de precatórios emitidos de forma irregular antes de la confirmación del tránsito en julgado. La fiscalización deberá identificar emisiones anteriores a esa etapa, inconsistencias de valores y otros indicios de incumplimiento del proceso legal. Fachin también envió a la Corregiduría Nacional de Justicia una propuesta para ampliar la fiscalización en los tribunales regionales federales, sobre todo en los casos del sector azucarero y de alcohol y en los que tratan de la revisión de la tabla del sistema público de salud (SUS).

La determinación responde a un oficio enviado el lunes (28) por el ministro Gilmar Mendes, según el cual las investigaciones sobre el extinto Banco Master revelaron un "modelo de negocios parasitario". En su relato, créditos judiciales contra la Unión se adquirían con gran descuento, se contabilizaban por valores muy superiores y servían de garantía para captar recursos en el mercado. Con ese respaldo, el banco emitió CDBs con rentabilidad muy superior al promedio, distribuidos por grandes corredoras "a cambio de jugosas comisiones".

Gilmar señaló además que muchos ingenios de azúcar y alcohol obtuvieron condenas contra la Unión con base en los precios fijados por el antiguo Instituto del Azúcar y el Alcohol (IAA) en las décadas de 1980 y 1990, a partir de estudios genéricos, sin la pericia individual que exige el STF en el precedente Tema 826. Pidió atención especial al TRF-1, donde se concentra parte relevante de los créditos en liquidación. La ley de directrices presupuestarias de 2026 estimó en más de 100.000 millones de reales el impacto potencial de esas demandas en las arcas del gobierno federal. Un oficio de contenido similar fue enviado al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el ministro Luis Felipe Salomão, con pedido de inspección extraordinaria en los tribunales regionales.

En una sesión del CNJ de este martes, Fachin defendió la trazabilidad en el mercado secundario de precatórios. "El objetivo es muy simple, directo e importante: seguridad, transparencia y, aún más importante, trazabilidad a un mercado que mueve derechos", afirmó, según la agencia estatal Agência Brasil. En el oficio de respuesta a Gilmar, el presidente del STF escribió que "las situaciones relatadas exigen una investigación rigurosa, con respeto a las competencias de las instituciones capaces de prevenir la repetición de irregularidades".

"Estamos construyendo, paso a paso, una verdadera política nacional de tratamiento adecuado de los precatórios, basada en regulación, tecnología, datos y transparencia."

Fachin, en la sesión del CNJ

Cómo llegó el caso hasta aquí

• El extinto Banco Master fue liquidado por el Banco Central por indicios de gestión fraudulenta. La Policía Federal investiga las relaciones del exbanquero Daniel Vorcaro, socio controlador de la institución, con integrantes del poder judicial. Se sospecha de favorecimiento ilegal en la liberación de precatórios para que fueran vendidos con descuento.
• Según la Folha, Vorcaro tenía al menos 14.300 millones de reales invertidos en demandas contra la Unión, en 16 casos ligados a indemnizaciones de ingenios del sector azucarero y de alcohol.
• El caso salió a la luz con un reportaje del portal Metrópoles sobre un contrato de 427 millones de reales entre el Master y el despacho de la abogada Camilla Ramos, esposa del desembargador Newton Ramos, del TRF-1.
• La semana pasada, el corregidor nacional de Justicia, el ministro del STJ Benedito Gonçalves, ordenó la cancelación de 4.700 millones de reales en precatórios de ingenios que negociaron títulos con el Master, en una acción de la Abogacía General de la Unión, y dispuso una diligencia, con apoyo de la Policía Federal, en el despacho de Newton Ramos. El desembargador dijo que recibe la medida con "naturalidad" y que colabora plenamente con las averiguaciones.
• El lunes (28), Gilmar Mendes envió los oficios a Fachin y a Salomão. El martes (29), Fachin ordenó el endurecimiento de los controles en todos los tribunales.

El próximo paso será en octubre. Según la Folha, el pleno del CNJ debe analizar normas de una nueva política judicial de precatórios, la regulación de la cesión de esos créditos y la revisión general de la resolución sobre el tema. También está previsto para el próximo mes, según el diario, el lanzamiento de la "calculadora del crédito de precatórios", que permitirá a cualquier persona consultar el valor actualizado de su crédito. En la sesión de este martes, según la Agência Brasil, Gilmar también exigió avances en las investigaciones criminales que involucran a miembros del poder judicial y de la abogacía.