El ministro Gilmar Mendes, del STF (Supremo Tribunal Federal), advirtió este miércoles (30) que las demandas judiciales de hospitales que piden la revisión de la tabla de pagos del SUS, el sistema público de salud de Brasil, pueden generar un impacto anual de unos R$ 24 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Salud. En oficios dirigidos a los presidentes del STF, Edson Fachin, y del STJ (Superior Tribunal de Justiça), Luis Felipe Salomão, el decano de la Corte pidió medidas contra lo que calificó de "emisión irregular de precatórios por parte del Poder Judicial", incluso antes de que las sentencias queden firmes, según Folha de S.Paulo. Los precatórios son títulos de deuda judicial que el gobierno debe pagar tras una condena definitiva.
La controversia gira en torno a los contratos y convenios que hospitales privados y entidades filantrópicas, como las Santas Casas, firman para prestar servicios complementarios al SUS. Estas instituciones reclaman en la Justicia una remuneración según la tabla Tunep, la referencia de precios usada por los planes de salud privados, en lugar de los valores de la tabla del SUS, históricamente más bajos. Cuando ganan, la Unión es condenada a pagar la diferencia mediante precatórios. Gilmar informó a Fachin que pretende examinar el tema en el juicio de un recurso bajo su relatoría presentado por la Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que alega desactualización de la tabla del SUS y cobra pagos retroactivos a la Unión.
Qué es estimación y qué está confirmado
Los R$ 24 mil millones citados por Gilmar son una proyección del impacto anual si ese entendimiento se consolida en los tribunales, y no un gasto ya realizado. Lo que está documentado hasta ahora es la actuación de la Corregiduría Nacional de Justicia: el 23 de septiembre, el órgano canceló 16 precatórios emitidos por el TRF-1 (Tribunal Regional Federal de la 1ª Región) antes del tránsito en cosa juzgada y ordenó la devolución de unos R$ 4.700 millones al Tesoro Nacional. El lunes (28), la Corregiduría amplió la cautelar y canceló otros 14 precatórios, que suman aproximadamente R$ 1.870 millones, según el sitio jurídico Migalhas.
Gilmar afirmó además que una parte significativa de los precatórios emitidos en demandas de este tipo ya no pertenece a las entidades hospitalarias. Según el ministro, los créditos están concentrados en un número reducido de agentes económicos y vienen siendo usados para inflar balances de instituciones. Sin citar nominalmente al Banco Master, de Daniel Vorcaro, relacionó el problema con las investigaciones sobre el banco, que, de acuerdo con G1, invirtió R$ 14.300 millones en la compra de precatórios y derechos crediticios, principalmente del sector azucarero y alcoholero.
En el oficio a Salomão, Gilmar destacó el Tema 1.444 de los recursos repetitivos, en el que el STJ definirá si es posible emitir un precatório o una RPV (requisición de pequeño valor) antes de que quede firme la fase de cumplimiento de sentencia. La cuestión fue asignada a la 1ª Sección en julio y aún no tiene tesis definida, informó Migalhas. En los documentos, el ministro defendió una actuación conjunta del Poder Judicial, el Banco Central, la CVM, el Ministerio Público Federal y la OAB.
"Se impone una respuesta coordinada de las instituciones, a la altura de la gravedad de los hechos revelados."
Para quien depende del SUS, nada cambia en el corto plazo: ninguna atención fue suspendida por esta disputa y los valores siguen en discusión judicial. Los próximos pasos concretos son el juicio del Tema 1.444 en el STJ y el examen del recurso de la Santa Casa de Juiz de Fora en el STF. Esas dos decisiones deben indicar si la tabla del SUS puede revisarse por vía judicial y bajo qué condiciones podrán emitirse precatórios de este tipo de ahora en adelante.