El Gobierno federal ya abrió R$ 27.100 millones en créditos extraordinarios en 2026 para impedir que la disparada internacional del petróleo llegue por completo al precio de la gasolina y el diésel en Brasil, según la columna de Paula Gama en UOL, publicada este sábado (12). Ese dinero público es lo que ha frenado el litro en la bomba desde marzo, incluso con el barril Brent de vuelta sobre los US$ 100. La cuenta creció pocos días después de que Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, cancelara un alza de la gasolina que había anunciado para sus refinerías; el diario O Globo, que informó del retroceso, proyecta una caída de hasta 2% en la bomba.
Desde marzo se abrieron seis créditos: R$ 10.000 millones, R$ 550 millones, R$ 3.330 millones, R$ 3.473 millones, R$ 3.152 millones y, esta semana, R$ 6.605 millones. El último llegó por una medida provisional (norma con fuerza de ley que requiere el aval del Congreso) que destinó R$ 5.607 millones al diésel de carretera y R$ 998 millones al programa de subvención a productores e importadores de gasolina y diésel. No todo el dinero salió de la caja: datos públicos de la ANP, la agencia que regula los combustibles, muestran que hasta el 31 de agosto solo se habían pagado efectivamente R$ 7.790 millones.
Entienda: qué es un crédito extraordinario
Un crédito extraordinario autoriza al Gobierno a gastar por encima de lo previsto en la ley de presupuesto anual, normalmente en emergencias. Funciona como un crédito preaprobado de tarjeta: habilita el gasto antes de que se pague la factura. Esa es la diferencia entre los R$ 27.100 millones abiertos y los R$ 7.790 millones desembolsados, como explica la columna: una parte cubre períodos futuros y otra caducó cuando medidas provisionales anteriores perdieron validez.
Qué cambia en la bomba
Desde mayo el modelo era la subvención: el Gobierno pagaba a productores e importadores, obligados a descontar el valor del precio de venta y comprobar la reducción ante la ANP. En la gasolina, el giro era de unos R$ 0,44 por litro, con un costo estimado de R$ 1.200 millones al mes; en el diésel, la previsión era de R$ 1.700 millones mensuales. Esta semana el diseño cambió: la gasolina dejó la subvención y recibió un recorte de R$ 0,63 por litro en tributos federales, el etanol quedó con esos impuestos en cero y el diésel ganó otros R$ 1 por litro, que se suman a los R$ 1,12 vigentes hasta el 26 de septiembre.
En un tanque de auto de 40 litros, solo el recorte de la gasolina significa R$ 25,20 menos por llenado. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó las medidas el miércoles (9), a menos de un mes de la elección presidencial, y el Gobierno estima el costo del nuevo paquete en unos R$ 7.000 millones al mes, según UOL. Los ministros calculan que las medidas sobre combustibles ya costaron R$ 25.000 millones desde su anuncio, y el secretario ejecutivo de Hacienda, Rogério Ceron, dijo que la renuncia fiscal de R$ 2.000 millones en gasolina y etanol será compensada con más de R$ 10.000 millones de ingresos petroleros extra este mes, informa G1.
El motor de la cuenta es el choque del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente, que volvió a llevar el Brent por encima de US$ 100 esta semana. Más del 25% del diésel consumido en Brasil es importado, así que el tipo de cambio y las cotizaciones internacionales entran en el costo del flete y, de ahí, en el precio de los alimentos, recuerda la columna de UOL. "No vamos a permitir que esta guerra irresponsable llegue a su bolsillo y mucho menos al plato de comida del pueblo brasileño", dijo Lula en un video divulgado el miércoles.
La receta difiere de la de 2022, cuando Jair Bolsonaro, también en año electoral, alivió los precios con recortes de impuestos: la Ley Complementaria 194 limitó el ICMS de los estados y el Gobierno federal puso en cero PIS/Cofins y Cide. Ahora el gasto aparece directamente en las cuentas de la Unión, que paga la factura en lugar de renunciar a recaudación. El economista Rodrigo Provazzi, citado por la columna, calificó la subvención como "más compleja de operar, menos transparente para el público y más susceptible a riesgos de ineficiencia".
El consultor tributario Francisco Arrighi sostiene que el costo solo cambia de lugar: "Al final, quien paga siempre es el contribuinte, sea vía impuestos futuros o por la devaluación de la moneda". Provazzi llama "efecto rebote" al riesgo de retirar el beneficio con el petróleo aún caro, entre gastar más para mantener el alivio y ver los precios subir rápido. Los R$ 27.100 millones ya autorizados este año muestran hasta dónde llegó el Gobierno en el primer camino.