El gobierno de Brasil negó este jueves que existan fallas u omisiones en el enfrentamiento al crimen organizado transnacional. En una nota oficial, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a Brasil de haber fracasado en el combate a las facciones Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que el Departamento de Estado estadounidense describe como dos de las organizaciones criminales más violentas del país y clasifica como grupos terroristas.
Las críticas figuran en un informe anual que la Casa Blanca envió al Congreso estadounidense el martes (15) y que el Departamento de Estado difundió el miércoles (16), según G1. Se trata de una determinación presidencial para el año fiscal 2027, prevista en la Ley de Emergencia Extranjera de 1961, que identifica a los mayores productores y rutas de tránsito de drogas del mundo. En el texto, Trump afirma que, mientras otros gobiernos del Hemisferio Occidental toman "medidas valientes" contra los cárteles, Brasil "fracasó" en confrontar a las dos facciones. Según Poder360, el documento sostiene además que el PCC y el CV convirtieron al país en un centro del flujo global de cocaína.
"Estas organizaciones terroristas brasileñas representan una amenaza creciente para la paz y la seguridad en todo el mundo, y el gobierno brasileño necesita adoptar con urgencia medidas firmes para enfrentarlas y derrotarlas antes de que se propaguen y crezcan", dice el documento.
La respuesta de Brasilia
El argumento central de la nota es jurídico. Brasil no integra la lista de los 23 países formalmente identificados por Estados Unidos como grandes productores o rutas de tránsito de drogas, según el gobierno. La crítica apareció de forma "lateral", en la parte narrativa del documento, "sin respaldo en su parte dispositiva", y no corresponde a la categoría jurídica de incumplimiento formal prevista en la legislación estadounidense que rige ese mecanismo anual. En la práctica, Brasilia sostiene que Washington no emitió una calificación formal contra el país.
La nota afirma además que la evaluación estadounidense desconsidera la Ley Antifacción, sancionada en marzo de 2026, que prevé penas más severas para líderes de facciones, además del Programa Brasil contra el Crimen Organizado, lanzado en mayo, y de las "decenas de miles de operaciones contra el crimen" realizadas por fuerzas federales. El gobierno recuerda que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregó personalmente, el 7 de mayo, en Washington, una propuesta de medidas conjuntas contra el lavado de dinero, el intercambio de inteligencia y el tráfico de armas, y que aún espera la respuesta de Estados Unidos.
El ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva, dijo a CNN Brasil que la operación Força Integrada, realizada el miércoles (16) en 19 estados, demuestra que el Estado brasileño actúa. Según el ministro, la acción cumplió más de 170 órdenes de allanamiento, produjo 137 arrestos y 44 detenciones en flagrancia y bloqueó judicialmente más de 508 millones de reales en bienes y activos.
"La operación contradice totalmente la idea de que el Estado brasileño no combate con eficiencia al crimen organizado. Solo hoy se bloquearon más de 500 millones de reales con la participación de 19 estados de la Federación y de todo su aparato policial", dijo el ministro.
El intercambio público de acusaciones ocurre meses después de que el Departamento de Estado clasificara al PCC y al CV como organizaciones terroristas. En su momento, el gobierno de Lula criticó la decisión y argumentó que abría margen para intervenciones estadounidenses en territorio brasileño, citando como referencia la operación militar que Estados Unidos realizó en enero en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue arrestado bajo la acusación de comandar un cártel de drogas. En la nota, el ministerio reafirma que el combate al crimen organizado es prioridad del gobierno federal y que Brasil seguirá actuando "de forma soberana y coordinada".