El Gobierno federal de Brasil demandó este lunes (28 de septiembre) a 17 operadoras de apuestas en línea, las llamadas bets. La acción civil pública, presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano jurídico del Gobierno federal, ante un tribunal federal de Pernambuco, exige al menos R$ 1.000 millones por daños morales colectivos, además del reembolso de los gastos del SUS, el sistema público de salud universal de Brasil, con la atención de apostadores, y la devolución del doble de lo apostado por personas diagnosticadas con ludopatía, el trastorno del juego.
Las cifras que sustentan la demanda constan en el propio expediente. Según la acción, unos 28 millones de brasileños apuestan actualmente y 10,9 millones presentan un patrón de juego de riesgo o problemático. Entre enero de 2018 y diciembre de 2025, las atenciones del SUS vinculadas a diagnósticos de juego patológico y comportamiento de juego excesivo crecieron cerca del 140%. La AGU cita un estudio preliminar del Ministerio de Salud que estima un perjuicio mínimo de R$ 2.600 millones. Para el órgano, la compensación prevista en la ley es insuficiente: solo el 0,12% de las destinaciones obligatorias sobre los ingresos de las operadoras va al ministerio, lo que sumó unos R$ 50 millones transferidos en el último ejercicio, según la AGU.
"Las empresas demandadas privatizan provechos expresivos derivados de la captación financiera de millones de apostadores, mientras transfieren al SUS y a toda la sociedad el costo presupuestario del enfermar colectivo", argumenta la AGU en la acción.
La demanda pide además la restitución del doble de lo apostado por personas con diagnóstico de trastorno del juego en dos situaciones descritas por la AGU: cuando la empresa siguió aceptando depósitos y apuestas tras ser informada del diagnóstico, y cuando la plataforma no actuó ante señales de riesgo que podían identificarse. La Unión quiere que esas apuestas se declaren nulas. Entre las demandadas están las empresas que controlan las marcas Bet365, Betano, Superbet, Sportingbet, Blaze, Betnacional y Estrelabet.
Tres días después de la prohibición
La acción llega tres días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgara la Medida Provisional 1.394, un decreto con fuerza de ley que prohibió las apuestas de cuota fija, los juegos en línea y los casinos virtuales en el país. Las bets fueron legalizadas en 2018, reguladas en 2023, y el mercado regulado empezó a funcionar en 2025. Este lunes, las entidades del sector ANJL e IBJR pidieron al Tribunal Supremo Federal (STF) la suspensión de la medida. El caso está con el ministro Luiz Fux, y la AGU solicitó un plazo de 72 horas para manifestarse.
Lo confirmado y lo que aún es pedido
Nada ha sido decidido en la justicia. El monto del reembolso al SUS no está cerrado: la AGU pide que las empresas sean condenadas a indemnizar a la Unión por los cinco años anteriores a la presentación y por los costos futuros, y el total se calcularía después, en la fase de liquidación de la sentencia. El pedido de R$ 1.000 millones es una pretensión inicial, y la estimación de R$ 2.600 millones proviene de un estudio preliminar citado en el proceso.
Para el apostador, los plazos definidos por el Gobierno son concretos: los retiros voluntarios de saldo en las plataformas van hasta las 23h59 del 5 de octubre, y quien no retire recibirá el dinero de vuelta a través de los bancos entre el 9 y el 14 de octubre. Quien tenga diagnóstico de trastorno del juego y aspire a la restitución, si la justicia la acepta, deberá comprobar el diagnóstico y los montos involucrados caso por caso. Conservar comprobantes de depósitos, extractos de apuestas e informes médicos facilitará ese proceso.