Una jueza federal de Estados Unidos se negó a bloquear la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento y combate el llamado turismo de nacimiento, la práctica de extranjeros que viajan al país para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y obtengan la ciudadanía. La decisión es de Deborah Boardman, del tribunal federal de Maryland, que rechazó un pedido de medida cautelar presentado por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, según el portal brasileño G1.

Trump firmó dos órdenes ejecutivas sobre el tema el 6 de agosto. La primera apunta al turismo de nacimiento y pretende restringir incluso el uso de vientres de alquiler con ese fin. La segunda impide el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense de niños nacidos en el país que sean hijos de integrantes de misiones diplomáticas extranjeras. El gobierno sostiene que viajar al país solo para garantizar la ciudadanía automática al recién nacido es una explotación indebida del sistema migratorio y una amenaza a la seguridad nacional.

El desenlace interesa directamente a Brasil. El turismo de nacimiento también es practicado por familias brasileñas, y G1 dedicó una cobertura específica a lo que cambia para ellas con la nueva norma. Hay además un contraste de fondo: Brasil adopta el mismo principio que la Casa Blanca intenta restringir, el jus soli, según el cual quien nace en territorio nacional es, por regla general, brasileño nato.

Quiénes se ven afectados por la nueva regla

De acuerdo con G1, el gobierno de Trump sostiene que la decisión de la Corte Suprema de junio, que tumbó un decreto más amplio firmado el día de la investidura, dejó espacio para restringir la ciudadanía en situaciones específicas ya reconocidas por la legislación y la jurisprudencia. Así, la nueva orden valdría solo para futuros nacimientos vinculados a cuatro categorías:

• hijos de mujeres que entren a Estados Unidos exclusivamente para dar a luz, el objetivo central del combate al turismo de nacimiento;
• hijos de integrantes de misiones diplomáticas extranjeras, ampliando restricciones hoy aplicadas a familiares de embajadores;
• hijos de personas clasificadas por el gobierno como "enemigos extranjeros", categoría que incluiría a integrantes de grupos considerados terroristas;
• nacidos en territorios estadounidenses, como Puerto Rico, cambio que solo entraría en vigor si el Congreso modifica la legislación actual. Un proyecto de ley con ese objetivo fue presentado el mes pasado, pero no hay expectativa de aprobación, según el sitio estadounidense Axios.

La orden determina además que los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional creen reglas para frenar el turismo de nacimiento dentro y fuera del país. Las excepciones se limitan a casos de interés nacional o a razones humanitarias específicas. Ninguna ley estadounidense prohíbe explícitamente la práctica, pero un reglamento de 2020, del primer mandato de Trump, ya veda el uso de visas de turismo y negocios cuando el objetivo principal del viaje es obtener la ciudadanía para un recién nacido. Los participantes en esquemas de ese tipo pueden ser procesados por fraude, y los agentes migratorios pueden impedir la entrada de gestantes.

El revés de Trump en la Corte Suprema y la respuesta del presidente explican el diseño más estrecho de las nuevas órdenes. Al firmarlas, el republicano calificó el fallo del tribunal como "muy desafortunado" y defendió las medidas:

"Personas ricas están construyendo negocios en torno a la ciudadanía por nacimiento. No era así como debía funcionar. [...] Están comprando su camino para entrar, y no vamos a permitir que eso ocurra."

Llama la atención que la jueza que ahora mantuvo la orden en vigor sea la misma que, el año pasado, falló a favor de los grupos de inmigrantes e impidió al gobierno implementar su orden ejecutiva inicial de 2025, que restringía la ciudadanía por nacimiento de forma más amplia. El cambio de resultado sugiere que, para el Poder Judicial estadounidense, el problema estaba en el alcance del texto original. La batalla judicial, sin embargo, debe continuar en las instancias superiores.