R$ 17.300 millones. Ese es el tamaño de la deuda que el Grupo Casas Bahia intentará renegociar ante la Justicia, un valor equivalente a más de R$ 85 por cada uno de los cerca de 203 millones de habitantes de Brasil. Este miércoles (21), la Justicia de São Paulo autorizó el inicio de la recuperación judicial de la minorista y de otras nueve empresas del grupo, según G1.
Para clientes y empleados, la decisión cambia poco en el día a día: tiendas, centros de distribución y sitio web siguen funcionando. La recuperación judicial es un mecanismo previsto en la ley brasileña, parecido al Chapter 11 estadounidense, que permite a una empresa endeudada renegociar lo que debe bajo supervisión de la Justicia, sin cerrar las puertas. El objetivo es evitar la quiebra y preservar empleos.
Entienda: la autorización no aprueba el plan de recuperación ni garantiza que la empresa se salvará. En esta fase, la jueza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, del 2º Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales de São Paulo, solo verificó que el grupo cumple los requisitos legales para entrar en el proceso. El plan de pago todavía debe ser analizado y aprobado por los acreedores.
Deuda sin garantía e inventarios en caída
Del total adeudado, R$ 16.400 millones son deudas llamadas quirografárias, es decir, sin garantía real, como un inmueble o mercadería dada en prenda. En la práctica, funcionan como un crédito de tienda gigante: si la empresa quiebra, esos acreedores van al final de la fila de pago, explica InfoMoney.
Al pedir la recuperación, el 16 de agosto, la compañía afirmó atravesar "la peor crisis financiera desde su fundación". La empresa culpa a los intereses altos, a la pérdida de poder de compra de las familias y al aumento de la morosidad, o sea, el número creciente de clientes que no logran pagar las cuotas. Un informe pericial citado por InfoMoney señaló una caída del 40,5% en el valor de los inventarios entre abril y agosto: de cada R$ 100 en mercaderías, quedaron cerca de R$ 60.
El mismo informe registró una reducción de 4.647 personas en la plantilla de empleados. A pesar del recorte, la pericia confirmó que la operación seguía activa en las tiendas físicas, los centros de distribución y los canales digitales.
Plazos y fiscalización
La jueza dio al grupo 30 días para entregar documentos pendientes, como el flujo de caja de 2023 de cuatro empresas y la lista actualizada de acreedores; si no lo cumple, la autorización puede ser revocada. "No se trata, por lo tanto, de una deficiencia documental grave y absoluta, sino de cuestiones individualizadas", escribió la magistrada en la decisión.
AJ Ruiz Consultoria Empresarial fue nombrada administradora judicial, una especie de fiscal que acompaña a las empresas y presenta informes a la Justicia. Tras la publicación del edicto, los acreedores tendrán 15 días para impugnar valores o incluir créditos que no estén en la lista. También se mantuvo la suspensión de los cobros judiciales contra el grupo, por 180 días contados desde el 19 de agosto, cuando se concedió la medida cautelar.