El 60% de los datos de los brasileños, desde fotos familiares hasta extractos bancarios, está hoy almacenado fuera del país, según cifras presentadas por el gobierno. Para intentar cambiar eso, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este martes (15) el Redata, un régimen especial de tributación para servicios de centros de datos. En la práctica, las empresas que instalen o amplíen estos centros en Brasil pagarán menos impuestos para comprar los equipos.
El beneficio dura cinco años, hasta 2031. A cambio, cada empresa que se adhiera deberá destinar al mercado brasileño al menos el 10% de la capacidad de procesamiento y almacenamiento instalada con el beneficio: una de cada diez unidades de capacidad debe atender a clientes del país. Las compañías también invertirán el 2% del valor de los equipos comprados con descuento en investigación e innovación, el equivalente a 2 reales por cada 100 gastados.
Entérese: un centro de datos es un complejo de servidores, las computadoras que guardan y procesan grandes volúmenes de información. Es la casa física de internet y de la inteligencia artificial: lo que llamamos la "nube" vive en edificios como estos, que funcionan las 24 horas y necesitan refrigeración constante.
El dinero en juego es millonario. El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo en la ceremonia de sanción que un proyecto de 100 megavatios exige al menos 1.000 millones de reales en obra y entre 4.000 y 5.000 millones de reales en equipos, según TeleSíntese. Solo los equipos equivalen a más de 40 veces el premio estimado de la lotería Mega-Sena de ese mismo martes, de 95 millones de reales.
Qué impuestos bajan
El régimen suspende el PIS/Cofins (contribuciones federales sobre facturación e importación) y el IPI, el impuesto sobre productos industrializados, en la compra de componentes electrónicos, informan G1 y TeleSíntese. Cuando no hay producción nacional equivalente, el impuesto de importación puede reducirse a cero. La ley también crea beneficios para la exportación de servicios del sector.
El texto es el proyecto PL 278/2026, presentado este año por el entonces diputado José Guimarães (PT-CE), hoy ministro, y aprobado por el Senado el 1 de septiembre, según G1. Reemplaza una medida provisional editada en septiembre de 2025, que caducó en febrero sin votación en el Congreso. El respaldo fiscal llegó con el PLP 74/2026, una ley complementaria aprobada este mes, según TeleSíntese.
Gas y agua en el centro del debate
La sanción no cierra la discusión, porque falta la reglamentación por decreto y portaría. El punto más sensible es definir qué cuenta como energía de baja emisión de carbono: G1 informa que el gobierno aún evalúa si el gas natural entra en esa lista. Brazil Journal notició que el lobby de las renovables busca excluir el gas, mientras un artículo de Agência eixos defiende que el gobierno no puede "cerrar la puerta" que abrió el Congreso.
Los ambientalistas critican el alto consumo de agua de estas estructuras, relata G1. La ley exige informes con el índice de eficiencia hídrica (WUE, por su sigla en inglés), limitado a 0,05 litros de agua por kilovatio-hora, aproximadamente un vaso por cada 4 kilovatios-hora usados. "El Redata trata de la base fundamental de esta economía digital", afirmó Affonso Nina, presidente ejecutivo de Brasscom, entidad del sector tecnológico, en la ceremonia.
Sobre la reglamentación, Ceron, secretario ejecutivo de Hacienda, dijo a G1: "es natural que la reglamentación venga después... no tenemos todavía una posición cerrada sobre la compensación, la estamos discutiendo". El programa también destina recursos al desarrollo industrial y tecnológico de las regiones Norte, Noreste y Centro-Oeste.