El Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), máximo órgano de control fiscal de Brasil, pidió la suspensión inmediata del decreto que elevó el Bolsa Familia, principal programa de transferencia de renta del país, en cerca de 15%, anunciado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el jueves (17). Según CNN Brasil, la representación fue presentada por el subprocurador general Lucas Rocha Furtado, que cuestiona la existencia de previsión presupuestaria para el aumento y pide que se investiguen posibles irregularidades. Hasta ahora nada fue suspendido: el reajuste sigue vigente y los pagos con valores nuevos están previstos para el 1 de octubre.

En el documento, Furtado sostiene que el decreto no presenta estimación de impacto financiero, no indica la fuente de financiamiento y no muestra compatibilidad con la ley presupuestaria anual de 2026 ni con la ley de directrices presupuestarias. Para el subprocurador, la medida pudo haber incumplido la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exige estimar el impacto presupuestario y financiero y demostrar compatibilidad con el presupuesto anual, el plan plurianual y la ley de directrices. Afirma también que el presidente excedió su poder reglamentario, porque el decreto crea obligaciones financieras nuevas y amplía gastos sin respaldo legal específico.

Furtado pidió que se notifique a Lula y a los ministros que firmaron el decreto para que presenten justificaciones en un plazo de 15 días y demuestren la existencia de asignación presupuestaria y de estimación de impacto. También solicitó que la Secretaría de Presupuesto Federal y el Tesoro Nacional informen si hay recursos específicos. La petición central es una medida cautelar que suspendería los efectos del decreto desde los pagos de octubre.

El argumento para la urgencia es el calendario. Como los pagos reajustados comienzan el 1 de octubre, ejecutar el gasto podría causar un "daño al erario de difícil o imposible reparación", según el subprocurador, dada la dificultad de recuperar valores ya pagados a los beneficiarios. La representación también cuestiona el momento: la edición del decreto en septiembre, a semanas de las elecciones presidenciales, genera "fundado recelo de desvío de finalidad político-electoral". Hasta el viernes (18), el pedido seguía sin decisión del TCU y sin plazo divulgado.

Los números del reajuste

El decreto elevó los valores según la variación acumulada del INPC entre marzo de 2023 y agosto de 2026. El mínimo por familia pasó de 600 a 691 reales, y el beneficio promedio, de 675 a 777 reales. El beneficio Primera Infancia subió a 173 reales por niño de hasta 7 años, y el de Renta de Ciudadanía, a 164 reales por integrante. El último aumento había sido en marzo de 2023. Según el Ministerio de Planeamiento y Presupuesto, el impacto adicional es de 5.800 millones de reales en 2026, cubierto con la reasignación de recursos con excedente previsto este año, principalmente de la Seguridad Social. Para 2027, las estimaciones del gobierno citadas por CNN Brasil varían entre 22.000 y 22.700 millones de reales, y el proyecto de presupuesto enviado al Congreso deberá ajustarse. El programa atiende a más de 19 millones de familias, unas 50 millones de personas, casi un cuarto de la población brasileña, según G1.

La defensa del gobierno y otros frentes

El gobierno sostiene que la medida respeta la ley. La Abogacía General de la Unión (AGU) evaluó el decreto previamente y concluyó que no hay impedimento jurídico: para el organismo, el texto actualiza valores de una política pública existente, con autorización prevista en la legislación del propio programa, sin crear un beneficio nuevo ni alterar las reglas de acceso. Según UOL Economía, Dario Durigan, del Ministerio de Hacienda, afirmó que el alza es compatible con la responsabilidad fiscal.

La petición en el TCU se suma a disputas en la Justicia Electoral. El ministro André Mendonça, del TSE, rechazó una acción del diputado Zé Trovão contra el reajuste por falta de legitimidad del autor, sin analizar el fondo, y fue sorteado relator de otra causa, del candidato presidencial Renan Santos (Misión), que califica el aumento de ilegal, inconstitucional y electoralista. El contexto es electoral: el anuncio ocurrió a 17 días de la primera vuelta, y un Datafolha divulgado el viernes (18) mostró a Lula con 39% de las intenciones de voto, contra 36% del senador Flávio Bolsonaro, empate técnico dentro del margen de error de dos puntos.

Para quienes reciben el Bolsa Familia, la situación hasta este viernes (18) es la siguiente: el aumento está vigente, entra en los pagos desde el 1 de octubre y ninguna decisión suspendió el beneficio. Si el TCU concede la cautelar, el cambio será anunciado por los canales oficiales antes de alterar cualquier calendario. Los próximos hitos a seguir son la decisión del tribunal sobre la cautelar, el plazo de 15 días para que el gobierno justifique la asignación presupuestaria y el avance de los casos ante la justicia electoral.