R$ 6.000 millones. Ese es el monto que el gobierno de Lula reservará en el presupuesto de 2027 para socorrer a Correios, la empresa postal estatal brasileña, que atraviesa una crisis financiera. Repartido entre la población del país, estimada por el instituto de estadística IBGE en 214,2 millones de personas, el aporte equivale a unos R$ 28 por brasileño.
La información fue confirmada al diario Folha de S.Paulo por dos integrantes del equipo económico y por el ministro de Planeamiento y Presupuesto, Bruno Moretti. En entrevista con Valor Econômico, Moretti afirmó que lo "más probable" es incluir el valor íntegro en el proyecto de ley presupuestaria de 2027, que el gobierno debe enviar al Congreso antes de fin de agosto.
La promesa de inyectar dinero en la estatal no surgió por casualidad. Fue exigida por los cinco bancos que prestaron R$ 12.000 millones a Correios a finales del año pasado: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú y Santander. Para cerrar la operación, el Ministerio de Hacienda garantizó el préstamo y sugirió que recursos de la Unión podrían entrar en la caja de la empresa, y los bancos pidieron que la promesa se convirtiera en cláusula contractual.
Entienda: el aporte es una capitalización, es decir, el Estado brasileño, dueño de Correios, inyecta dinero propio para reforzar las finanzas de la empresa. Hasta ahora, el gobierno federal no transfirió ningún recurso a la estatal: solo garantizó el préstamo, lo que obliga al Tesoro a pagar a los bancos si la compañía no cumple las cuotas. El contrato exige que el traspaso de los R$ 6.000 millones, la mitad del préstamo, ocurra antes de fin de 2027, pero la fecha exacta queda a criterio del gobierno.
"Vamos a cumplir religiosamente la obligación contractual que tenemos. Vamos a cumplir dentro de las reglas fiscales", afirmó Moretti a Folha.
Hasta el mes pasado, el gobierno aún consideraba prever un valor menor en el presupuesto y ampliarlo a lo largo de 2027 mediante créditos adicionales. También llegó a discutir adelantar parte del aporte para este año. Según Moretti, un traspaso todavía en 2026 es "muy difícil", porque hay R$ 17.900 millones bloqueados en el presupuesto actual para compensar el crecimiento de los gastos obligatorios, como las jubilaciones y pensiones.